La posición de reconocer que entre Chuquisaca y Santa Cruz no hay dudas sobre los límites, porque éstos habrían sido definidos hace más de 100 años con dos leyes y una resolución suprema, ya no sólo es defendida por el diputado Elmar Callejas sino por la Dirección Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), contrariando la postura departamental.

En los últimos dos años, a partir del cuestionado estudio de campos compartidos que otorgó el 100% del campo gasífero Incahuasi a Santa Cruz, Chuquisaca, a través de sus autoridades y dirigentes, manejó un solo discurso sobre este tema. Pero después del paro cívico por Incahuasi eso empezó a cambiar.

Los representantes oficialistas, entre ellos Callejas, que incluso apoyaron las acciones legales como la mejor vía para hacer respetar los derechos de Chuquisaca sobre Incahuasi, ahora coinciden con la interpretación de Santa Cruz y el Gobierno nacional sobre las leyes de 1898 y 1912, más la resolución suprema de 1914, respecto al límite interdepartamental.

Una semana después de que Callejas, actual presidente de la Brigada Parlamentaria, saliera a explicar su nueva posición, fue secundado por la cúpula del MAS en Chuquisaca.

"Qué culpa tenemos nosotros de que esa élite haya tomado esa decisión para que en esta coyuntura se nos eche la culpa de la cercenación del territorio chuquisaqueño", dijo ayer, en conferencia de prensa, el dirigente de la Dirección Departamental del MAS, José Jaldín.

El representante también ahora cree que esas leyes de hace más de 100 años, "lejos de no tener puntos referenciales específicos", establecen como límite natural la serranía Incahuasi.

"La cumbre va a ser hoy y de aquí a 100 años la misma, entonces dejemos de jugar a la demagogia, dejemos de ilusionarnos ficticiamente y empecemos a trabajar en base a propuestas a futuro", remarcó.

La Gobernación desde que se habló del tema Incahuasi, siempre observó las leyes de 1898 y 1898 porque si bien son marcos normativos que establecen ya los límites interdepartamentales, "carecen de sustento técnico, histórico y legal para ser consideradas como conclusivas", según dijo en su momento el secretario Jurídico de la Gobernación, Armin Cortez.

Las últimas declaraciones de Callejas y el MAS coinciden con el silencio de las autoridades de la Gobernación sobre Incahuasi, actitudes que, según la oposición, se debe a una instrucción política desde el Gobierno central para dejar de hablar del tema bajo conminatoria de sanción interna. Consultado sobre si no está incurriendo en una contradicción con la posición asumida por la Gobernación, Jaldín afirmó que en su momento se acompañó la lucha regional porque “desde la oposición hasta el oficialismo se tenía buena intención (…) porque son recursos que van a favorecer al Departamento y en ese entendido han acompañado la lucha”. “Sin embargo no podemos ir más allá de las posibilidades mientras esas leyes se encuentren vigentes”, añadió.

Contradictoriamente, aclaró que el MAS apoya la vía judicial para hacer valer los derechos de Chuquisaca sobre Incahuasi.

APOYO A LA AGENDA

El presidente del Movimiento al Socialismo (MAS-ISP) en Chuquisaca, Antonio Villca, por su lado, expresó su apoyo a la agenda hidrocarburífera que aprobó la Brigada Parlamentaria para asegurar el cumplimiento de las inversiones petroleras en la región. “Como MAS estamos apoyando la agenda que se aprobó ayer (lunes) y eso traerá pues una inversión para explorar y explotar y a partir de ello va a haber más regalías para Chuquisaca. Esa es nuestra posición y pedir a los ministros del área que lleguen a Sucre, nos sentemos y hagamos cronograma”, expresó.

En otra conferencia de prensa, el presidente de la Brigada Parlamentaria, Elmar Callejas, aseguró que la agenda es la “única vía” que Chuquisaca puede tener hacia el desarrollo. Incluye cinco planteamientos, entre ellos la verificación de límites, la exigencia de perforación de pozos en territorio chuquisaqueño, la ejecución de los $us 1.290 millones ofrecidos por el Gobierno en los próximos cuatro años, entre otros.

Desde el Comité Cívico de Defensa de las Provincias (CIDEPRO), su presidente, Roberto Balderas, rechazó la agenda hidrocarburífera porque es la misma propuesta que el Gobierno nacional hizo conocer a la región durante el conflicto por Incahuasi y que fue rechazada por las instituciones.