Tres abogados y la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Cochabamba coinciden en que el Ministerio Público se apartó de su independencia y comete excesos en la investigación del presunto caso de corrupción del alcalde José María Leyes.

ABOGADOS El presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, Florián Zapata, los juristas Mabel Antezana y Luis Butikofer, aseguran, cada uno por su lado, que el Ministerio Público se ha convertido en el brazo operativo del Gobierno en su intento de amedrentar a las personas que no coinciden con la línea política del Movimiento Al Socialismo (MAS). Señalan que en la investigación del caso del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, del partido opositor Demócratas, cometen excesos y abusos al intentar encarcelarlo a como de lugar cuando ha demostrado que cumple con los requisitos para mantenerse con detención domiciliaria.

JUECES Por su lado, la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Cochabamba, Martha Saavedra, declaró estado de emergencia por considerar que la jueza Anticorrupción Sara Céspedes, quien atiende el caso de Leyes, sufre de amedrentamiento al iniciársele un proceso. “No queremos pensar que esto esté direccionado. Nos ha sorprendido que en menos de 24 horas, la jueza Céspedes haya sido notificada para que en la tarde presente su declaración. Vamos a hacer un seguimiento a este caso porque se trata de una autoridad jurisdiccional”, aseguró.

Criterio de abogados

“Fiscales son vedeles del Gobierno y quieren manejar a jueces”

Florián Zapata, presidente

del Colegio de Abogados

El proceso está sometido a las reglas establecidas en la normativa vigente, sin embargo, se observa de que el Ministerio Público hace uso desmedido del poder y comete excesos al iniciar un juicio a la jueza Anticorrupción (Sara Céspedes, que unió los casos mochilas I y II), sin que se agoten los mecanismos y recursos necesarios. A este paso, cualquier determinación que se pone contra las pretensiones de la Fiscalía va a hacer enfocada como si fuera prevaricato, en desconocimiento de los recursos garantizados por el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). Desde ese punto de vista, encuentro que el Ministerio Publico se ha puesto a disposición plena de los intereses del Gobierno central que quiere mantener al margen a autoridades que no conjugan con la línea del partido político de Gobierno. Creo que la legalidad está supeditada a intereses político partidarios y, desafortunadamente, el Ministerio Público, en lugar de mantener una independencia autónoma y constitucional, como dice la CPE, se ha puesto como instrumento al servicio del Gobierno, convirtiéndose en los vedeles, capataces de jueces a quienes quieren tener a disposición.

De manera muy planificada se ha citado a la jueza a prestar una declaración informativa precisamente en las horas en que debía haber atendido una petición de cautelares de la defensa del alcalde Leyes, que son prioridad porque está en juego la libertad de un ciudadano.

La valoración de las evidencias, de las pruebas, tanto para la aplicación de medidas cautelares, como para imponer una sentencia está librada al criterio al sano juicio, al razonamiento, a la experiencia, a la equidad y solvencia profesional del juzgador. Ahora naturalmente, no todos sus juzgadores pueden tener esas bondades, porque también hace mucho la experiencia, y en este caso también hay que ponernos en la situación difícil del juez quien con seguridad recibe presiones, que indudablemente vienen del Estado, del Gobierno y la mejor muestra es la que en este momento está viviendo la jueza Anticorrupción por haber ordenado una acumulación de dos causas.

“Hay abuso de las medidas cautelares de carácter personal” 

Mabel Antezana, abogada

Más allá de descubrir cómo se han suscitado las compras de las mochilas, el tema de las medidas cautelares es lo que más ha causado particular reacción en las personas. Se ha restringido la libertad aun con la detención domiciliaria. La primera audiencia tenía domicilio, trabajo y familia. El art. 221 del Código de Procedimiento Penal establece claramente que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la CPE, las convenciones y tratados internacionales solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Ahí viene el tema de las medidas cautelares que está regido por este artículo. Los jueces toman en cuenta los arraigos naturales que ha demostrado el Alcalde y aseguran que no hay riesgo de fuga, que no hay peligro de obstaculización.

Ya le restringen el derecho de locomoción al otorgarle detención domiciliaria. No entiendo cómo insisten en que sea encarcelado, si ya le han otorgado la detención domiciliaria, obviamente se tiene que continuar con la medida porque ya se ha llevado a cabo una audiencia cautelar anterior, es decir, ya se ha decidido sobre la situación jurídica de ese imputado. Para mí, tratar de pretender realizar una nueva audiencia de medidas cautelares cuando ya se han unido los procesos ya sería un abuso y eso se tiene que evaluar entre los jueces y también evaluar en la sala.

“No hay igualdad efectiva entre la acusación y la defensa”

Luis Butikofer, abogado

Dentro del sistema penal boliviano se encuentra adscrito al sistema penal acusatorio y uno de sus pilares fundamentales es la igualdad efectiva entre la acusación y la defensa. Esto quiere decir que desde los tratados internacionales hasta la propia Constitución Plurinacional establece la presunción de la inocencia. El investigado ingresa al proceso en estado virtual de inocencia. En las culturas avanzadas de Latinoamérica, se comprueban los hechos y luego se detiene, y no como el caso presente (proceso del alcalde Leyes) que primero se detiene y luego se pregunta si es culpable. Es el imputado que acomodan al delito, al ilícito. Ese reverso que ocurre acá es prohibitivo en todas partes del mundo que el ilícito es el que se trate de acomodar a la conducta humana para perseguirlo y detenerlo y después investigarlo. Por una cuestión elemental de derecho administrativo, la investigación debería pasar por la Contraloría y con ese dictamen, establecer responsabilidad administrativa y penal. Eso garantizaría el debido proceso que es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El artículo 2 del Procedimiento Penal indica que las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercitar las facultades que otorga la ley. El 7: La detención, es excepcional y la regla es la libertad, por lo tanto no existe una proporcionalidad de la defensa. Doctrinariamente quienes escriben tratados sobre derecho han coincidido en la existencia del Derecho Penal del Enemigo, que es culpar de inicio y sin investigación a quien no comulgue con el que tiene el poder, como sucedió con el caso de Leopoldo López en Venezuela cuando debería presumirse lo que es favorable para el imputado.

Leyes irá a la EPI Norte tras que le den el alta médica 

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, debía recibir el alta médica ayer por la tarde y ser trasladado nuevamente a predios de la EPI Norte en calidad de aprehendido, informó el representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en Cochabamba, Ever Veizaga.

La autoridad recordó que el Alcalde estaba en calidad de aprehendido el viernes, mientras se desarrollaba la audiencia de aplicación de medidas cautelares, por el caso de presunta corrupción en la compra de mochilas chinas. La audiencia se suspendió por el estado crítico de salud del imputado.

Raúl Jaldín, médico de cabecera del Alcalde, señaló que Leyes se encontraba estable y que recibiría el alta médico, sin embargo, una crisis de hipertensión impidió el traslado.

Veizaga señaló que la audiencia se puede llevar a cabo en la clínica y la juez debe determinarlo.

Presidente del Concejo declara sobre caso mochilas

El presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería. llegó cerca de las 09:30 horas ayer a dependencias de la Fiscalía a prestar su declaración informativa en la investigación por la presunta corrupción en la adquisición de mochilas escolares 2018. Ahí ratificó que el pleno definió constituirse en parte querellante en el caso.

Ratificó que los concejales obraron de acuerdo a la normativa en la sesión cuestionada del 16 de marzo, en la que se trató la solicitud de la junta escolar de padres de familia que pedían que se fiscalice la compra de las mochilas alertando irregularidades.

Aclaró que existían dos opciones para proceder: una la solicitud de informe y la otra una minuta de resolución. De acuerdo a votación se tomó la primera propuesta. Indicó que los 10 concejales fueron citados a declarar según cronograma.