Según el organismo, con base en datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Observatorio de Paridad Democrática, un total de 65 casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en el país se presentaron solo en los primeros cuatro meses de este año.

De las 65 denuncias, 36 fueron presentadas ante los tribunales electorales departamentales; y 19 ante la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y 10 fueron por renuncias forzadas.

"ONU Mujeres considera que este tipo de acciones de conculcación de derechos genera un retroceso al avance que el Estado boliviano ejecutó durante los últimos 10 años, lo que le permitió convertirse en el segundo país en el mundo, después de Ruanda, en conseguir un nivel de participación política que alcanza a 51% de mujeres elegidas en 2015 en el Órgano Legislativo nacional, departamental y municipal", señala un comunicado de la ONU Mujeres.

El 4 de junio, en La Paz, se dio a conocer el caso de la concejala Mary Carmen de la Cruz Mamani de la agrupación ciudadana Lucha de Unidad Social 1 de Septiembre (LUS 1-S) quien denunció agresiones físicas por el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja.

“ONU Mujeres, frente a las recomendaciones internacionales y el marco normativo nacional, Constitución Política del Estado y la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, recomienda y solicita el esclarecimiento inmediato de las denuncias planteadas por las autoridades electas”, añade el documento.

El organismo consideró que entre los actos, acciones y prácticas de acoso y violencia contra las mujeres que se identifican están: actos discriminatorios, presión para renunciar o solicitud de licencia indefinida, la firma de documentos contra su voluntad, restricción del uso de la palabra, presión sobre sus familias, renuncias forzadas por situación de embarazo y hasta violencia física. (12/06/2018)