Salvador Romero era un destacado funcionario internacional en temas electorales, pero dejó esas actividades para convertirse en presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), una entidad que vive en el ojo de la tormenta y que ahora mismo ha sido blanco de críticas de uno y otro bando por haber habilitado o inhabilitado a tal o cual candidato.
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Romero considera que es normal que las críticas, en una sociedad polarizada, se concentren en un árbitro que actúa con independencia. Habla también de las disidencias en la sala plena.
Salvador Romero era un destacado funcionario internacional en temas electorales, pero dejó esas actividades para convertirse en presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), una entidad que vive en el ojo de la tormenta y que ahora mismo ha sido blanco de críticas de uno y otro bando por haber habilitado o inhabilitado a tal o cual candidato. En ese contexto, le preguntamos a Romero cómo se siente y él, con la superlativa serenidad que le caracteriza, responde que está “con tranquilidad de conciencia, de espíritu y de ánimo”. Y para que no queden dudas dice que él ya sabía a lo que venía, puesto que ya integró y dirigió la desaparecida Corte Nacional Electoral entre 2004 y 2008, un período también complejo. Bolivia, en todo caso, es una suma de complejidades y la elección de este domingo es una más. De eso, de las presiones, de las críticas, de las disidencias y del Direpre hablamos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral.
¿Ha estado sometido a fuertes presiones los últimos días?
A medida que se acerca la jornada de votación, todos los actores políticos buscan maximizar sus posiciones y ello implica una presión sobre el Órgano Electoral. Eso es normal en cualquier proceso electoral. Lo importante es que el TSE y los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs) resistan la presión y continúen adoptando sus decisiones con imparcialidad política, apego a la ley y distancia frente a los intereses en juego.
¿Por qué un día inhabilitan a Manfred Reyes Villa y días después lo vuelven a habilitar?
Son tres decisiones respecto al proceso de habilitación de Manfred Reyes Villa. La primera fue revocar la decisión que adoptó el TED de Cochabamba y por lo tanto habilitar a Reyes Villa. Esa decisión fue recurrida a través de un recurso extraordinario de revisión que aportó nuevos elementos, sobre los cuales se adopta una segunda decisión. En ese momento, el TSE no contaba y, así lo expresó en su resolución, con una acreditación de pago de la deuda al Estado. Por último, cuando se presenta documentación adicional y se solicita una complementación y enmienda, el TSE habilita a Reyes Villa. Comprendo que esas decisiones sucesivas no sean fáciles de comprender; sin embargo, la actuación jurisdiccional se ajusta a la legalidad y al debido proceso.
Pese a la claridad con la que usted explica el tema, no toda la sala plena votó en el mismo sentido. ¿La sala plena ha quedado dividida?
La sala plena adopta la gran mayoría de sus decisiones por unanimidad, pero en algunos casos existen posiciones y criterios distintos. Es una situación común, incluso legítima, en un cuerpo colegiado frente a situaciones jurídicamente complejas. Lo importante es que la divergencia de criterios se procese de manera institucional.
¿Quienes votaron por la habilitación y quiénes por la inhabilitación de Manfred Reyes Villa en el último caso?
Hubo cuatro votos a favor de considerar la complementación y enmienda que había sido presentada: los de las vocales Nancy Gutiérrez, Rosario Baptista, la vicepresidenta María Angélica Ruiz y el mío. Hubo tres colegas con una opinión contraria: los vocales Francisco Vargas, Daniel Atahuachi y Óscar Hassenteufel.
¿Si hay esta claridad en las leyes, por qué hay tanta diferencia entre lo que resuelven los TEDs y lo que resuelve el TSE en cuanto a inhabilitaciones y habilitaciones?
Esta situación es habitual en los sistemas de justicia que tienen varias instancias y escalones. Ocurre cotidianamente en el mundo. En el caso de la justicia electoral boliviana, los tribunales departamentales funcionan como primera instancia y el Tribunal Supremo Electoral como segunda y definitiva. A lo largo de este proceso, muchas decisiones departamentales han sido confirmadas, y otras revocadas. La revocación de una decisión no significa que la primera instancia hubiese procedido de manera poco seria o sin imparcialidad.
En una elección regional es clave el trabajo de los TEDs. ¿Usted garantiza la independencia de los TEDs y el trabajo transparente este domingo?
El Órgano Electoral actúa con seriedad técnica, imparcialidad política, transparencia y garantiza un proceso electoral seguro, cuyos resultados reflejarán la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Mantiene el mismo compromiso democrático de 2020, cuando las misiones de observación internacional concordaron de manera unánime que el proceso electoral boliviano fue íntegro, porque, entre otros elementos, el Órgano Electoral actuó con independencia y generó las condiciones participativas y de pluralismo que requiere una elección.
¿Por qué César Dockweiler no fue inhabilitado si él no vivió en el país el último año?
El TED La Paz definió la habilitación del candidato y no existió ningún recurso presentado a conocimiento del TSE.
¿Por qué este año se decidió que no haya Direpre o conteo rápido y preliminar?
En Bolivia nunca se utilizó un sistema de difusión de resultados preliminares en una elección de alcance local. Tras una evaluación técnica, el TSE descartó su uso para este proceso. Se requiere tener certeza de que se contará con el volumen suficiente de datos en un lapso de tiempo muy corto para implementar ese mecanismo. En ausencia de estos elementos, es preferible no generar un elemento de incertidumbre.
Tenemos un sistema de cómputo robusto y que ofrece la máxima transparencia. Concluido el conteo de votos, que es un acto público, los ciudadanos llenan el acta, que es el documento más importante del proceso electoral. Cualquier ciudadano podrá fotografiarla y las organizaciones políticas reciben una copia. El acta es trasladada a los TEDs con una adecuada cadena de custodia. Se efectúa un doble proceso de transcripción, por dos funcionarios asignados aleatoriamente. Los resultados deben coincidir y en caso de discrepancia se observa dónde se ha producido el problema. El acta será validada jurídicamente por la sala plena, delante de los delegados de las fuerzas políticas. A través de internet, los ciudadanos tendrán la imagen del acta y la transcripción de sus resultados. Cualquiera podrá comparar la imagen con la fotografía que tomó en su mesa y con las copias que tienen las organizaciones políticas. La información va a ser continua, ininterrumpida desde el domingo por la noche hasta la finalización de los cómputos departamentales.
¿No hay el riesgo de que se demore demasiado el conteo y que se pueda generar desconfianza, violencia o vulnerabilidad?
La cadena del cómputo que he descrito, desde la mesa hasta la publicación de los resultados, es suficiente para generar confianza a la ciudadanía sobre que su voto está reflejado cabalmente en el cómputo oficial.
No hubo conteo rápido en la anterior elección, no hay en esta, ¿quiere decir que se lo está descartando del sistema electoral boliviano?
El sistema de difusión de resultados preliminares no está contemplado en la legislación boliviana. Esto no significa que no pueda desarrollarse contando con mejores condiciones, de tiempo y de recursos. Es un mecanismo útil.
¿El motivo es incapacidad operativa para mover a gran cantidad de gente o es un tema de desconfianza?
Un proceso de estas características requiere tiempo y recursos para ser puesto a prueba de manera adecuada. Si un organismo electoral no tiene la certeza de que dispondrá de la información suficiente, es preferible descartarlo para no generar confusión e incertidumbre. De acuerdo con los expertos, parte de las dificultades postelectorales que afrontó Ecuador en el proceso electoral 2021 provino de la difusión de resultados preliminares.
En Bolivia hay una experiencia positiva, que es el referendo de 2016, cuando la gente creía que le iban a robar el resultado, pero este sistema salvó esa desconfianza. ¿No se consideró ese antecedente?
Un sistema de difusión de resultados preliminares puede ser útil, pero sin las condiciones técnicas necesarias, el resultado puede ser contraproducente y más bien dañar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. En las circunstancias actuales, uno de los desafíos mayores es la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Por ello, el sistema oficial de cómputo tiene todos estos mecanismos de transparencia que le permiten al ciudadano saber desde el resultado de una mesa hasta el resultado agregado nacional y todo el sistema de datos es verificable. Se puede verificar la consistencia de todas y cada una de las actas.
Dicho esto, ¿cuánto tiempo va a tardar la población en conocer los resultados, tanto el tiempo previsto por la ley como el tiempo real?
El plazo máximo es una semana, salvo que existiese la anulación de un acta o una mesa, en cuyo caso se debe volver a votar dos domingos después. Más allá, desde el domingo en la noche los TEDs inician el cómputo y todos los datos se difundirán inmediatamente a través de internet. Serán datos oficiales, consolidados. El compromiso es difundir la mayor cantidad posible de resultados en el tiempo más breve posible.
¿El domingo se podría tener al menos el resultado de las capitales para saber quiénes van a ser los alcaldes?
El compromiso es ofrecer la mayor cantidad posible de resultados oficiales lo más rápido posible. Buscaremos el mejor punto de equilibrio entre la seguridad y la celeridad del cómputo. Contamos con la ventaja de que todos los TEDs ya pasaron por la prueba de un cómputo completo en 2020; la desventaja, tenemos cinco franjas por computar en lugar de dos.
¿En caso de que no haya segunda vuelta, para cuándo está prevista la posesión de las nuevas autoridades?
En caso de que no existiese ninguna segunda vuelta, la posesión de las autoridades departamentales y municipales va a ser a finales de marzo. Si tenemos así sea una segunda vuelta en un solo departamento -posibilidad contemplada sólo para gobernadores y que sería el 11 de abril- la posesión de las autoridades municipales y departamentales sería a finales de abril o primeros días de mayo. Privilegiamos la uniformidad en la posesión para prevenir dificultades en la próxima elección departamental y municipal.
Esta es una elección compleja por la cantidad de autoridades que se elegirán. ¿La gente está correctamente informada para saber cuántas papeletas hay y cuántos votos podrá emitir?
Desde el punto de vista logístico, es una elección más difícil que la elección general. Por ejemplo, hemos impreso más de 14 millones de papeletas, el doble de lo que se imprimió en el proceso 2020. Los ciudadanos tienen dos papeletas y cinco votos, a diferencia de la elección general, donde teníamos una papeleta y dos votos. El Órgano Electoral realiza el máximo esfuerzo de información y capacitación a la ciudadanía, pero no tenemos la responsabilidad completa. Otra parte la tienen las organizaciones políticas que deben promover sus candidatos y propuestas; también los medios de comunicación brindando información a los ciudadanos.
¿Cuáles son sus proyecciones de participación tomando en cuenta el contexto de la pandemia y la elección de 2020?
La elección de 2020 marcó un nivel muy alto de participación. 88,4% fue uno de los niveles de participación más altos no sólo en Bolivia, sino de América Latina en el siglo XXI, y se situó por encima de nuestro promedio histórico. Normalmente, la participación es algo menor en las elecciones de alcance departamental y municipal. Más allá de esa constatación, aguardamos otra vez una participación fuerte, masiva, en un ambiente de paz, tranquilidad y de seguridad sanitaria. El año pasado Bolivia demostró que puede organizar elecciones que combinaron ejemplarmente la protección de la salud colectiva y del ejercicio pleno y libre de los derechos políticos. Los protocolos de Bolivia sirvieron de referencia para los países latinoamericanos que tienen elecciones en este primer semestre. La OPS nos recomendó mantener los mismos protocolos y así lo hicimos.
En las últimas semanas hemos escuchado duras críticas al TSE de uno y otro bando. ¿Qué ha cambiado en comparación al año pasado en cuanto a la confianza en el Órgano Electoral?
Bolivia vive una época de marcada polarización política, social y regional. El TSE conserva una línea de institucionalidad y equidistancia, privilegiando por encima de cualquier consideración la realización de una elección apegada a la ley y basada en principios democráticos. Sin embargo, dados los antagonismos y la tensión, muchas de las críticas se concentran en un árbitro que actúa con independencia frente a todos los actores políticos. Esto nos da tranquilidad y serenidad frente a este ambiente de críticas. Las acusaciones han sido de un lado y del otro. Sin duda, al final del día, ello simplemente subraya la independencia y la imparcialidad del TSE.
Usted presentó una demanda penal por el tema del fraude electoral, pero la justicia está diluyendo estos casos. El TSE como acusador ¿qué piensa al respecto?
EL TSE es respetuoso del Estado de derecho. Ello implica respetar las actuaciones que realizan los otros órganos y las otras instituciones en el ámbito de sus competencias. Hemos contribuido a ese proceso con toda la información que se nos ha solicitado.
¿Pero la posición del TSE actual es que hubo fraude el 2019?
En 2019, por unanimidad, la Asamblea Legislativa anuló la elección presidencial y recompuso el Órgano Electoral: fue la base del actual ciclo electoral 2020-2021, que es transparente y limpio. Por lo demás, el tema está siendo considerado por la justicia.
¿Cómo queda la convivencia dentro del TSE luego de estas divisiones e incluso luego de que una vocal estuviera suspendida por denunciar una data alterna en las elecciones de 2020?
La sala plena está unida alrededor de un propósito: afianzar la democracia a través de elecciones que respeten la voluntad popular. Decisiones divididas son parte del legítimo debate democrático en una institución colegiada. La sala plena continúa adoptando, en la gran mayoría de los temas, definiciones por unanimidad. A lo largo de la gestión hemos adoptado algunas decisiones con disidencias, sin romper el compromiso con procesos auténticamente democráticos.
