"Hoy visité a Enrique Reina, representante de la @OEA_oficial en Bolivia, para denunciar que el gobierno pretende suspenderme con un caso judicial de hace 27 años" (sic), escribió la titular en su cuenta oficial en Twitter.

Se trata de un proceso antiguo iniciado por la disputa entre un particular y la Alcaldía por un terreno de 1.500 metros cuadrados usado por una gasolinera. La burgomaestre instruyó que se realice la rezonificación del barrio sin incluir el terreno. La denuncia fue presentada por Rafael Quispe, diputado opositor.

"El golpe es una respuesta al apoyo de 'Sole' a las demandas de los universitarios alteños y a sus esfuerzos como Alcaldesa en contra de los grupos corporativos maleados y prepotentes que manejaban El Alto bajo el MAS", aseveró hoy en conferencia de prensa Samuel Doria Medina.

La alcaldesa anticipó además que "en las próximas horas solicitaré medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" para alertar sobre lo que considera es una acción de "persecución" del Gobierno.

De acuerdo a la acusación, el terreno está en litigio desde la década del 90, desde entonces los alcaldes como Flavio Clavijo, José Luis Paredes, Édgar Patana y Zacarías Maquera defendieron el espacio porque es área verde y ahora fue transferido por resolución municipal a un privado.