¿Cómo habrá que defender la democracia y el Estado de Derecho ahora que el régimen del MAS ha optado por desconocer el voto mayoritario por el No del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el electorado boliviano se opuso a que Evo Morales y Álvaro García busquen la reelección forzada y abusiva a sus actuales cargos como Presidente y Vicepresidente del país, respectivamente? ¿Qué se supone que debemos hacer quienes –a tiempo de tener la convicción de que sólo la democracia y la vigencia del Estado de Derecho permiten un modo de vida prudente y esperanzado–, rechazamos toda violencia y optamos por una vía pacifista de resistencia al despótico prorroguismo tiránico de un binomio al que, está visto, la opinión de la gente le tiene sin el más mínimo cuidado?

Evo Morales nos ha dicho ya de todas las maneras posibles que no ha de dejar nunca, por su propia decisión, su actual cargo como Presidente de Bolivia. Con sus mediocres alocuciones públicas, con los mendaces juegos de retórica provocadora de sus beligerantes e insultantes discursos y conferencias de prensa, con la inmoralidad y el ostento de su sórdido apego al poder revelado en su inocultable y desmedido gusto por automóviles, aviones, hoteles y viajes de lujo, el actual tirano encumbrado en el Palacio Quemado nos ha dicho y mostrado, una y otra vez, que su intención no es estar “de inquilino” del Palacio Quemado, sino que ha llegado allí “para quedarse para siempre”. ¿Cómo debemos responder a esto quienes atestiguamos día a día el hundimiento moral de un régimen carcomido por la más incontrolable y vil –porque se incurre en ella intentando ocultarla con alardes altisonantes de gobernar “en nombre del pueblo” y “para el pueblo”– corrupción? ¿Qué cabe hacer ahora que el MAS ha abierto sus cartas y muestra estar dispuesto incluso a asesinar y matar a estudiantes y activistas en las calles cuando estos afirman su derecho a manifestarse?

Los propagandistas del Gobierno han propalado en los medios radiales y televisivos una y otra vez durante la última semana unos spots publicitarios afirmando que la UPEA no tendría que hacer “política” exigiendo la renuncia de algunos ministros, ya que a la UPEA solamente le correspondería reclamar y negociar sus reivindicaciones económicas. ¿Y qué quieren? ¿Qué se olvide que el estudiante Jonathan Quispe fue asesinado por el gobierno? ¿Qué se acepte la impunidad de una muerte que es, sin margen de excusa o debate, de responsabilidad del Gobierno? ¿O es que se piensa que alguien se ha de tragar el cuento de que el policía ejecutor del disparo de la canica es en este caso el único responsable? ¿Y qué si lo fuera? ¿No controla el Gobierno a la Policía? A la UPEA no le queda sino –más bien, en rigor, tiene la obligación de– exigir que el Gobierno reconozca su responsabilidad en lo ocurrido y actúe en consecuencia; esto es, optando por la renuncia de dos o tres de los ministros involucrados.

¿Nos está prohibido exigir mínima justicia? ¿No debemos pedir la renuncia de ningún ministro, incluso si se trata de quién está al mando de la cartera directamente involucrada en el deceso del estudiante ajusticiado a quemarropa?… ¿Nos está prohibido demandar austeridad de los gobernantes? ¿No debe acaso Evo Morales renunciar a los placeres de la suntuosa suite presidencial que se ha construido y que incluye hasta dos saunas para el aprendiz de monarca en el que se ha convertido?… ¿Tenemos prohibido hacer política? ¿No podemos pedir la renuncia de Evo Morales y Álvaro García a sus anticonstitucionales y mórbidos deseos de reelección en 2019?… ¿Se nos ha de prohibir defender la democracia y el Estado de Derecho? ¿No podemos pedir ni renuncias ni renunciamientos?… Otra vez: ¿Qué hacer frente a un  grupo de funcionarios moralmente corruptos e improvisados al que la opinión de la gente le vale nada? 

Lo voy a decir con todas sus más claras letras: En la actual situación, a los bolivianos no nos queda otra cosa que el desacato, abierto y desafiante, a la despótica y corrupta Sentencia Constitucional 84/2017 que autoriza la repostulación y la relección consecutivas e indefinidas de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia. Como acto de desobediencia civil fundada en la legitimidad de la resistencia no-violenta frente al abuso de los gobernantes, debemos comenzar a convocar a un desacato masivo, multitudinario y general a esa Sentencia 84/2017 en la que el MAS ha inscrito la prueba de su corrupción moral y política, revelando la hondura de la vocación tiránica y antidemocrática que lo motiva. Debatir sobre este desacato, prepararse para ese desacato, entrenarse para el sacrificio que ha de significar ese desacato, considerar el sufrimiento que ha de causarnos a cada uno de los resistentes ese desacato, todo ello ha de tener que ser parte del día a día de la lucha por la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia en los meses que vienen. Bienvenido sea el empeño. Bienvenida la voluntad. Paz y esperanza.

Ricardo Calla es sociólogo.