El fundamento básico para la existencia de la democracia moderna es la vigencia plena del Estado de Derecho. Significa esto que la administración de la justicia debería estar en manos probas, idóneas e imparciales. Si este basamento esencial es precario o incompleto, toda la institucionalidad funciona de manera deficiente y genera una enfermedad social devastadora: la anomia.

Entre ceja y ceja

Las sociedades, como la nuestra, en las que, salvo contadísimas excepciones, la administración de la justicia se halla en manos ímprobas, sometidas y parcializadas, la democracia simplemente no puede realizarse y resolvemos nuestras querellas, bajo la lógica del estado de naturaleza, es decir de la preminencia del más fuerte. La justicia está al servicio del poder, sea este político o económico y la inmensa mayoría de la ciudadanía se halla inerme, a merced de los mandamases de turno.

En nuestro país, actualmente, el que tiene poder para acusar, no importa si tiene la razón o las pruebas para llevar adelante su proceso. Si posee la suficiente influencia sobre fiscales y jueces, mediante la execrable herramienta de las “medidas cautelares“, puede encarcelar, confinar a sus domicilios, suspender autoridades electas, etcétera, destruyendo honras, trayectorias y vidas enteras. Por el contrario, se pueden cometer las peores arbitrariedades, la corrupción más desembozada, adjudicar obras millonarias, compras sin licitación, etcétera; si se tiene en el bolsillo a los administradores de justicia, no pasará absolutamente nada.

¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Porqué la sociedad acepta tan pasivamente esta tragedia nacional? Cierto es que cuando nos convocaron a votar por nuevos magistrados, lo hicimos dando una señal inequívoca al poder. Los votos nulos y blancos superaron los dos tercios, pero el poder se estornudó en la noticia. Los ciudadanos entonces, tanto los que están organizados en partidos políticos, como aquellos que no pertenecemos a ninguna organización, no supimos reaccionar y nos resignamos a padecer unos administradores que no habíamos elegido y que sabíamos de sobra, estarían sometidos al poder político al que le debían sus cargos.

Todos los días somos testigos de las más terribles arbitrariedades. Desde las personas que caen en la desgracia de involucrarse en un pleito y, enseguida, convertirse en presa de abogados, fiscales y jueces que trafican con su miedo y su dolor, hasta políticos y poderosos que compulsan influencias y billeteras, en los estrados judiciales. Allí lo que menos importa es la ley o la justicia. Todo se define a partir de las influencias y las presiones. Vivimos en la incertidumbre, la angustia y la desesperanza. Cuando no existe confianza en la administración de la justicia, los ciudadanos pierden el entusiasmo, las ganas de progresar y sólo tratan de sobrevivir en medio de una selva agreste, plagada de riesgos y peligros.

Desde hace décadas, que denuncias y lamentos como el presente, son materia cotidiana en los medios de comunicación, en las universidades y hasta en las charlas de café. Cientos de millones de dólares se gastaron en consultorías, programas y proyectos de “reforma de la justicia“. El Gobierno, de tanto en tanto, convoca “cumbres“ y muchas organizaciones no gubernamentales viven de estudiar y proponer soluciones al “problema de la justicia“ en Bolivia.

Sin embargo, nada sería más simple de resolver, si de verdad hubiese voluntad para hacerlo. Un par de modificaciones legales y se podría desarmar a los poderosos para que no sigan medrando de la gente. Prohibiendo de manera definitiva, salvo asesinatos o violaciones atroces o flagrantes, la famosa “detención preventiva“, estableciendo que ningún proceso pueda durar más de 12 meses, desde su inicio hasta la sentencia, bajo condición de inmediata extinción si excediera el plazo y nombrando fiscales y jueces vitalicios por concurso de méritos y examen de competencia, todo cambiaría como por arte de magia. ¿Será posible que algún día podamos lograrlo? ¿Podremos derrotar al “mecanismo”?

Ricardo Paz es sociólogo.