El objetivo de este Plan es monitorear el respeto de los derechos humanos en el proceso electoral.

Uno de los problemas registrados, es que el 19% de los capacitadores no cumplía con las medidas de bioseguridad necesarias, es decir no hacía el uso del barbijo, alcohol en gel y el distanciamiento social y el 23% de los jurados tampoco hacía caso a esos requisitos sanitarios.

Se detectó en la capacitación que los jurados no hablaban los idiomas originarios; como el quechua o aymara, después de haber sido solicitado por los asistentes.

Otro problema registrado, fue la ausencia de jurados electorales debido a que las capacitaciones se programaban en días feriados o porque no eran notificados.

Finalmente, se evidenció la falta de material de apoyo y la programación de un tiempo limitado para completar esta enseñanza.

La Defensoría del Pueblo hizo esta intervención en 17 gobiernos autónomos municipales del país, entre ellos, Potosí, Sucre, El Alto, Trinidad, Yacuiba, Desaguadero, Caranavi, Monteagudo, Riberalta, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cobija, Tarija, Cochabamba, Puerto Suárez y Llallagua, en los que visitó 65 recintos electorales, verificó a 389 jurados electorales y a 88 capacitadores.