El domingo 7 de marzo, los bolivianos y bolivianas acudiremos nuevamente a las urnas, para elegir a nuestros gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales y, en algunos departamentos, a otras autoridades. Estando prácticamente a unos días de este hecho, se intensificaron las campañas de todos los partidos políticos, desplazando a la pandemia del coronavirus a un segundo plano.

En la última semana surgieron propuestas vinculadas a la adquisición de vacunas contra la Covid-19 de algunas gobernaciones y municipios que plantean esta compra paralelamente a la del gobierno central. Si nos ponemos a analizar con más detalle, podemos claramente deducir que estos ofrecimientos tienen más un interés político, y no una prioridad de salud pública, la cual se fundamenta en la siguiente descripción.

El gobierno nacional viene ejecutando un plan de adquisiciones y recepción de más de 15 millones de dosis que llegarían hasta el mes de mayo, entre las que se destacan, Sputnik-V de Rusia, AstraZeneca desarrollada por un equipo de la Universidad de Oxford, Sinopharm que recientemente llego al país proveniente de China y Pfizer que provendrá a través del mecanismo Covax, una iniciativa de la que forma parte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tomando en cuenta que cada persona debe recibir dos dosis de la vacuna, en todo el país se vacunaría a un poco más de siete millones de habitantes, cantidad que representa el 60% de la población total. Al hacer este cálculo, inmediatamente surge la duda respecto al 40% restante, pues esa población son los jóvenes menores de 18 años, que en su mayoría superan el virus sin complicaciones, además, de que aún no existe una vacuna para este grupo etario.

Si lo mencionado es correcto, como se justifica la insistente demanda de las gobernaciones y municipios, para tener la “autorización” que les permita adquirir paralelamente vacunas, más aún si están a días de concluir su gestión

Desde el momento en que fue aprobado el Presupuesto General del Estado para la presente gestión, muchas de las entidades subnacionales expresaron una serie de demandas ante el gobierno central, en el sentido de que sus presupuestos institucionales sufrieron recortes significativos con relación a los que recibían en las gestiones pasadas, y que no serían suficientes para llevar adelante sus actividades cotidianas.

La Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el Artículo 81, en su parágrafo III, incisos 1 y 2, establecen con claridad que los Gobiernos Autónomos Departamentales, deben cubrir los gastos de los establecimientos de salud del tercer nivel, vale decir servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso. Para los Gobiernos Autónomos Municipales, dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y segundo nivel, siendo parte fundamental del Sistema Único de Salud; en este sentido, resulta contradictorio expresar que están entidades tiene todo para comprar vacunas, cuando días antes exigían más presupuesto al Gobierno “porque no tenían” para la atención de los hospitales.

Es evidente que los aspectos políticos están involucrados profundamente en la atención de la salud, sin embargo, existe la esperanza de que se generen mecanismos de coordinación para el éxito de la vacunación masiva, la cual se debe realizar en el menor tiempo posible. Solo queda apelar a la racionalidad de las autoridades subnacionales salientes y aquellas que serán electas para efectuar esfuerzos conjuntos que beneficien a toda la población boliviana evitando la duplicidad de esfuerzos y recursos.

El autor es economista