Frente a la sistemática vulneración de los derechos políticos de las mujeres que son autoridades, la oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) recordó y le instó ayer al Estado boliviano a prevenir, sancionar y erradicar la violencia

  “ONU Mujeres recuerda que el Estado boliviano tiene la obligación de cumplir la  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belén do Pará”, se lee en el comunicado de la entidad internacional.

En mayo de este año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Observatorio de Paridad Democrática, informó que en este órgano se conocieron un total de 65 casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en el país, sólo en los primeros cuatro meses de la gestión en curso.

De los 65 casos, 36 son  denuncias presentadas ante los tribunales electorales departamentales, 19 son denuncias planteadas por otras entidades, como   la Asociación de Concejalas, y 10 son casos de renuncias forzadas de  mujeres.

La presidenta del TSE, Katia Uriona, en aquella oportunidad   advirtió que con estas cifras  de denuncias de acoso político “se está poniendo en riesgo los alcances de la democracia paritaria e intercultural en el país”. 

Las prácticas y características de acoso y violencia contra las mujeres que se identificaron son: actos discriminatorios, presión para renunciar o pedida de licencia indefinida, la firma de documentos contra su voluntad, restricción del uso de la palabra, presión sobre sus familias, renuncias forzadas por situación de embarazo y hasta violencia física.

ONU Mujeres también instó al Gobierno cumplir las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de toda las Forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por su sigla en inglés), emitida el 2015, que en su numeral 22 refiere: “…Otro motivo de preocupación del comité es la falta de enjuiciamiento y condenas en relación con la violencia y el acoso político por razón de género y sugiere que se procese y castigue debidamente a los autores de actos de violencia política en razón de género”.

Frente a ello,  el organismo internacional, amparado en la Constitución Política del Estado y la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres,  “recomienda y solicita el esclarecimiento inmediato de las denuncias planteadas por las autoridades electas”.

Asimismo, recuerda al Estado que las mujeres en estado de embarazo, al igual que los hombres progenitores, tienen inamovilidad laboral. 

La  Constitución Política del Estado  señala que el Estado garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación y su destitución se constituye en una flagrante vulneración a sus derechos.
 

Los casos de  violencia política a mujeres

• Cochabamba  En abril, Rossmery Andia,  exconcejala del municipio de Pocona (departamento de  Cochabamba) por el Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció   que fue   presionada por autoridades locales para renunciar a su cargo por estar embarazada.  Andia relató que asumió como concejala suplente a mediados de 2015 y que por un acuerdo con su titular ella debía asumir el cargo hasta fines de noviembre de 2017.
• Achocalla   Otro caso reciente es el de la concejala Mary Carmen de la Cruz Mamani, quien  denunció que fue agredida físicamente por el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja Huanca, del MAS. De acuerdo a la concejala,  la agresión se registró el pasado 1 de junio, después de que se suspendió una sesión del Concejo.