En las últimas semanas entramos al final de este ciclo con las elecciones subnacionales próximas. Los debates con candidatos a alcaldías y gobernaciones siguen dejando mucho que desear. Los ataques entre candidatos son numerosos, pero sus propuestas y la defensa de las mismas tiende a ser deficiente.  Es decepcionante para la ciudadanía ver que los partidos políticos, incluso a nivel local, parecen haber aprendido muy poco luego de 2019 y 2020. Las ánforas que visitaremos este domingo nos darán la oportunidad de cambiar actores en las estructuras que tan mal nos lideraron en los últimos años, pero debemos recordar que otras instituciones también jugaron un rol en sostener esas estructuras. Antes de que cerremos este periodo electoral que ha traído tanta inestabilidad a Bolivia, reflexionemos también sobre los elefantes blancos que nunca se mencionan.

Los sectores empresariales jugaron y continúan jugando un rol importante dentro de los intereses que dirigen la política nacional. Antes de hacer un juicio de valores sobre su rol, es innegable reconocer los hechos sobre la pasada década: la élite del sector empresarial del país tuvo una llegada al gobierno más directa que la de la mayoría de la sociedad civil boliviana. 

El mismo Evo Morales dijo en julio del 2019 que, pese a que el gobierno tardó, aprobó el Decreto Supremo 3973 porque la Federación de Empresarios Privados (específicamente) se lo pidieron y explicaron. Cabe resaltar también que el lugar de la promulgación de este decreto fue la misma sede de la Federación de Ganaderos del Beni. Es innegable la cercanía de estas instituciones ajenas al gobierno con el mismo. ¿Por qué es esto relevante?

Porque más adelante, en un contexto de catástrofe nacional y violación a derechos humanos, estas mismas instituciones se pronunciaron en apoyo al gobierno. Para fines de agosto del 2019, casi un millón de hectáreas se habían perdido al fuego y la vida de bomberos peligraba. Bomberos, voluntarios y habitantes de la Chiquitania clamaban por una respuesta rápida del Estado y la abrogación del DS 3973. Es entonces que otra entidad empresarial le da un nuevo respaldo fuerte y público al gobierno. 

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, en un evento público junto al entonces presidente Morales, pidió a su gobierno que no abrogue el DS 3973 indicando inclusive que no se debe “matar a la gallina de los huevos de oro”. En vez de ello, murieron nuestros bosques y bomberos.

Estos pronunciamientos no deben olvidarse hoy porque resaltan que Bolivia tiene problemas que van más allá de nuestros ya malos partidos políticos. Los elefantes blancos que nadie menciona también dan poder, justifican y perpetúan las injusticias cometidas desde las sillas del gobierno. Si algunos grupos empresariales deciden también ser actores políticos importantes en momentos de coyuntura, como lo fueron esos días con actos públicos y pronunciamientos de apoyo al gobierno, deben asumir y entender también su responsabilidad cuando su acciones respaldan violaciones a derechos humanos. 

No pueden separarse de la política partidaria cuando son los mayores beneficiarios de oprimir a otros a través de la misma. El resto de la sociedad boliviana no puede dirigir a empresarios a través del voto, pero sí a través de nuestro consumo y bolsillo. Esto es algo importante a recordar en el periodo siguiente a las elecciones.

Jhanisse Vaca Daza es activista  de derechos humanos y noviolencia, cofundadora de Ríos de Pie.