“Sigo en la clandestinidad, tengo que estar escondiéndome de casa en casa, porque siguen buscándome, no sé qué quieren conmigo, si quieren acabar mi vida”, dijo Calle la mañana de este lunes en entrevista con ERBOL.

Calle, que es candidata a alcaldesa de Entre Ríos, pretendía realizar su cierre de campaña en un evento público y con música, pero se lo impidieron con gas lacrimógeno. Después, cuando ella llevó su celebración a su domicilio particular, le apedrearon su casa rompiendo vidrios y dejando heridos.

“No me han dejado salir, he tenido que escapar por la pared como si fuera un ladrón de mi propia casa”, lamentó la candidata que acusó al MAS para lo sucedido.

Señaló que tiene daños psicológicos y se siente culpable por la gente que resultó afectada.

En media entrevista, la candidata se quebró al escuchar que tocaban la puerta: “ahora tengo que escapar a otra casa, porque ya están viniendo a esta igual”, alertaba.

Anunció que presentará el reclamo respectivo ante la Defensoría del Pueblo y el Órgano Electoral. También reiteró su pedido de garantías para su vida, la de su familia, candidatos a concejales y militantes.  

Reveló que decidió postular motivada por la rabia que le daba la designación de postulantes con “dedazo. Indicó también que, antes de los incidentes, ya había recibido audios y amenazas, pero decidió seguir adelante.

Calle aclaró que no es todo el pueblo que actúa con abusos, sino algunas personas.

Llamó, sin embargo, al senador y dirigente de la región Andrónico Rodríguez que explique a sus bases qué es la democracia.

“Yo le digo al señor Andrónico Rodríguez, él pregona lo que es la democracia, que haga pues respetar lo que es la democracia en el municipio de Entre Ríos, que diga a la federación, de una vez que les explique bien qué es la democracia, que uno tiene libertad de expresión y de pensamiento”, agregó.

La Defensoría del Pueblo ya se pronunció condenando la violencia contra la candidata- Advirtió que esos hechos no solo atentan contra el derecho a una convivencia pacífica y a participar en elecciones libres y democráticas, lo que pone en riesgo la misma democracia, sino también se constituye en un delito sancionado en la Ley 243 de Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Lamentó tambièn que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se haya pronunciado sobre este tipo de hechos de violencia en la recta final del período preelectoral, y exige  a esta institución, a la Policía Boliviana y a la Fiscalía General del Estado que realicen las investigaciones y las sanciones que correspondan.