Entramos a las elecciones del 7 de marzo con tres asignaturas pendientes e inconclusas: la lucha orgánica y frontal contra el coronavirus, la crisis económica y las dificultades de gobernabilidad.

Sobre las dos primeras, salud y economía tendremos todo el año para buscar las respuestas. La tercera, sin embargo, puede dividir el escenario político y perjudicar la eficacia de la gestión.

Habrá que recordar a los gobernantes que el Estado tiene órganos centrales de gobierno y los tiene desconcentrados, descentralizados y autónomos, y que cada uno debe cumplir bajo condiciones de legalidad, funciones y competencias específicas. No son posibles, ni admisibles, las rupturas de los niveles de coordinación y de acción concurrentes sin que ello no tenga una consecuencia en contra de la población. Las peleas políticas entre los niveles de gobierno, siempre, expresan grados de subdesarrollo democrático e institucional y con mayor grado en periodos en los que los recursos se vuelven más escasos y entra en juego la salud y la vida de las personas.

Esa es la importancia de las elecciones del próximo domingo, pues tendría que ser la reiteración del compromiso de los órganos públicos de trabajar en favor de la población. Esto que parece tan elemental y básico, sin embargo, en la práctica, todavía no lo es.

Recordemos las declaraciones veladas, encubiertas o abiertamente expresadas, en sentido de que el gobierno central espera trabajar con gobernaciones y municipios que sean de su mismo signo político porque la oposición “no tiene voluntad de hacerlo”. Esta expresión, es sencillamente un chantaje inadmisible. El gobierno central tiene la obligación de relacionarse y actuar con absolutamente todas las autoridades elegidas, que para eso hay elecciones y diversidad ideológica y política.

Superando esta situación, el lunes 8 de marzo tendremos dibujado el mapa político del territorio, con sus nuevas autoridades y con mandatos explícitos: trabajar activamente para ayudar al Estado, en un escenario de gobernabilidad democrática, a resolver los problemas de salud y de economía. Si el gobierno central amplía su visión, podrá tener socios territoriales, cualesquiera sean sus militancias, alineados para alcanzar objetivos nacionales.

Hay dos socios más que esperan ser lealmente convocados: la sociedad civil con su capacidad de articulación y movilización, y los empresarios privados de todos los rubros, que son los más interesados en la reactivación, la generación de empleos y la generación de excedente redistribuible.

Estas condiciones que son generales en todo el país, tienen particular importancia en Chuquisaca, Oruro y Potosí, por los procesos migratorios acelerados y la agudización de la crisis que sufren. En estos tres departamentos, las condiciones de coordinación y de complementariedad son más que imprescindibles, bajo riesgo reiterado de convertir el proceso negativo en irreversible.

Una vez más la realidad política nos está obligando a todos a actuar asumiendo compromisos colectivos responsables. Una vez más, amalaya, no la desperdiciemos.

El autor es director de Innovación del Cepad