Esta semana acaba la intensa contienda electoral que de manera eslabonada se va desarrollando desde hace meses en Bolivia, con las elecciones generales de octubre de 2020 y las subnacionales del próximo 7 de marzo, para elegir esta vez a autoridades departamentales y locales, lo que ha llegado a ser insufrible por la falta de propuestas y políticas definidas, aunque los resultados, al parecer, serán una radiografía de la diversa y compleja sociedad boliviana.

El domingo se eligen “a más de 4.000 autoridades departamentales, regionales y municipales para el periodo constitucional 2021-2026”, según se ha informado oficialmente. Aquí han realizado campañas electorales las candidaturas a los 336 cargos de alcalde/sa y a más de 2.000 concejalías; además, de los nueve cargos de gobernador/a y otros cientos de asambleístas y puestos concretos por departamento. Además, en Bolivia la paridad es obligatoria por lo que la mitad de las candidaturas tendrían que ser femeninas; sin embargo, las mujeres ocupan los segundos puestos en la mayoría de las listas, lo que ha hecho que, salvo contadas excepciones, la contienda sea notoriamente masculina. Eso también es un reflejo del país.

En suma, se ha producido una movilización generalizada que, además, poco ha respetado las distancias de seguridad contra la Covid-19, un tema marginal en los debates bastante flojos de contenido.

Las elecciones de 2020 han mostrado el peso que tiene el partido de gobierno (MAS-IPSP): un instrumento político con el que las organizaciones sociales han ido aunadas para recuperar el poder arrebatado en 2019, logrando así una amplia y contundente mayoría nacional. Sin embargo, en las elecciones de este año, las posiciones locales han dado a luz las contradicciones internas de este partido, el único de presencia nacional, mientras que las fuerzas opositoras, muy diluidas y cada una por su lado, reflejan su peso sólo en los principales centros urbanos, las ciudades del eje central del país.

Así, la división y polarización que vive Bolivia desde hace años y que se ha hecho profunda en 2019, con rupturas que han llegado inclusive al ámbito personal, se han mantenido este 2021. Donde las propuestas de programas electorales no han sido la base del discurso de las candidaturas, como si fueran asuntos intranscendentes, frente a ese enfrentamiento entre masistas versus antimasistas.

Si bien de fondo hay un supuesto programático entre las candidaturas oficialistas del MAS (de contenido con un enfoque más social, de rescate de los valores y sectores indígenas) frente a las de oposición (de contenido variado neoliberal, proempresarial y/o de rescate de lo urbano y mestizo, frente a lo andino, entre otros), en los hechos, en el discurso, en los debates mediáticos de las candidaturas, no se ha observado nada más que el choque, el enfrentamiento, sin un soporte ideológico de base, sin propuestas programáticas, sin políticas municipales.

¿Qué harán si son alcaldes o alcaldesas (las pocas que se postulan)? No se sabe. Han señalado, por supuesto, algunas obras. Obras que podrían hacerlas tanto un partido como el otro porque no reflejan programas ni, mucho menos, visiones políticas respecto a lo que se quiere hacer con las ciudades o los departamentos. Una cosa es, por ejemplo, hacer una ciudad donde se fomente la actividad privada, que busque la competitividad con criterios de modernidad entendida como crecimiento de edificios y centros comerciales; otra es que se busque una ciudad donde los ciudadanos puedan tener una vida más igualitaria en infraestructuras y servicios, que sea feminista dando seguridad a las mujeres y fomentando su presencia en lo público.

No se ha hablado nada de ello, en algún caso algo se ha escrito y plagiado de otros programas. Se trata de una contienda por el puro poder, por asegurar espacios de más enfrentamiento futuro y, además, una batalla en la que, salvo excepciones, es de varones y sus valores patriarcales en primera línea.

La autora es periodista