El Tribunal Supremo Electoral difundió este viernes un comunicado para informar que Reyes Villa, postulante de la alianza Súmate, está inhabilitado para las elecciones subnacionales del 7 de marzo por no acreditar el pago total de una deuda que el postulante tenía con el Estado por la compra irregular de unas vagonetas cuando él era prefecto de Cochabamba (2006-2008).

«La inhabilitación (…) se produjo al no haberse acreditado de manera formal, objetiva y documentada el pago total de la obligación ante el Tribunal Supremo Electoral», señala el comunicado.

El proceso contra el postulante fue iniciado en 2006, pero a consecuencia de un recurso extraordinario presentado por el MAS se volvió a revisar el caso, aunque la agrupación interpuso un recurso de casación, la última instancia de apelación, ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El candidato pagó este viernes la deuda que asciende a más de 187.000 dólares para evitar ser inhabilitado, según informaron medios locales.

Los simpatizantes de Reyes Villa, que lidera las encuestas de intención de voto con una diferencia notable respecto al candidato oficialista Nelson Cox, llegaron hasta las puertas del Tribunal Departamental Electoral cochabambino para mostrar su rechazo a la decisión del organismo nacional.

Otros simpatizantes decidieron iniciar una huelga de hambre ante lo que consideran una injusticia contra Reyes Villa, quien también fue candidato a la Presidencia en 2002 y 2009, perdiendo ambas veces contra Evo Morales.

Reacciones

El expresidente Carlos Mesa se pronunció a través de las redes sociales indicando que la inhabilitación del postulante es un «complot electoral del MAS» que «usa el martillo judicial para destruir a sus adversarios»

«Lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral actúa como funcional al Gobierno. Así, no habrá elecciones creíbles», escribió.

De la misma forma el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga también se pronunció señalando que por presión del MAS el órgano electoral «se burla del electorado de Cochabamba y dañan la democracia».

«Manfred debe pedir medidas cautelares de emergencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», indicó a través de Twitter.

Otros procesos a candidatos

Otros candidatos opositores también enfrentan procesos en medio de las campañas políticas hacia las subnacionales, como la expresidenta transitoria y candidata a la Gobernación de Beni, Jeanine Áñez, quien fue citada nuevamente a declarar este viernes al Ministerio Público por un proceso iniciado en su contra en 2020.

Áñez ya fue citada el lunes, aunque se abstuvo de declarar y recurrió la convocatoria alegando que lo que correspondería es un juicio de responsabilidades y no un proceso por la vía ordinaria al ser expresidenta.

La investigación fue iniciada a instancias de la denuncia hecha por el abogado Juan Carlos Mendoza García, que acusó a la exmandataria por el supuesto delito de «desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad».

Áñez también acusó al MAS de estar detrás de ese proceso en su contra y denunció persecución política.

En tanto, el candidato a la Gobernación de La Paz, el indígena opositor Rafael Quispe, fue sentenciado con dos años de cárcel por acoso político a una excandidata del MAS en las anteriores elecciones subnacionales de 2015.

También el exlíder cívico cruceño y postulante a la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue convocado a declarar en un caso por los conflictos sociales y políticos durante 2019 tras los comicios nacionales anulados, que luego la Fiscalía anuló la citación.

Bolivia está a menos de diez días para acudir a las urnas para elegir a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales para los nueve departamentos y más de 330 municipios del país.