En las últimas semanas se ha agravado el acoso contra líderes de la oposición, que se realiza sobre todo mediante acciones judiciales, muchas de ellas impulsadas directamente por el MAS. 

Varios candidatos opositores que compiten para las elecciones subnacionales del 7 de marzo próximo han sido acusados por las autoridades, en casos luego seguidos mansamente por los fiscales. El más notable es el de Manfred Reyes Villa, que lidera las encuestas para las elecciones municipales en Cochabamba y quien ha sido afectado, después de cinco años de inmovilismo en el Tribunal Supremo, por un fallo judicial.

En el campo de las inminentes elecciones regionales, el caso de Reyes Villa es el más serio. Es un nefasto precedente que el candidato favorito para ocupar un cargo haya sido inhabilitado  gracias a la acción de una justicia dependiente de las autoridades. 

El gobierno, y también adherentes masistas, han acusado a otros candidatos con amplias posibilidades de ganar, entre otros Luis Fernando Camacho, que postula a gobernador de Santa Cruz; Adrián Oliva, que busca ser reelegido en Tarija; Iván Arias, candidato a la Alcaldía de La Paz; y la expresidenta Jeanine Añez, quien postula a la Gobernación del Beni. 

Si bien los procesos contra ellos no están avanzados, y no se los puede inhabilitar en los días que faltan, nos da una idea de cómo actuará el gobierno contra esos adversarios en el futuro. Las acciones del gobierno de Evo Morales quedarán chicas comparadas con las de este régimen.

El columnista Walter Guevara ha enumerado los 20 casos de abusos de los últimos 100 días, en los que ha añadido, a lo ya mencionado líneas arriba, el decreto de amnistía que perdona a delincuentes que quemaron casas y buses municipales, además de dinamitar cerros para bloquear carreteras y cerrar el paso al oxígeno medicinal que segó la vida de una cuarentena de personas.

A contramano de ello, avanzan los procesos contra exjefes policiales y militares por los hechos de Sacaba y Senkata y el MAS mantiene en la mira a la expresidenta Añez por ese mismo caso, cuyo proceso debe resolverse en la Asamblea Legislativa. Y, en paralelo, Añez fue citada a declarar a la Fiscalía por una supuesta desobediencia en la atención de la pandemia el 2020.

Otras medidas, como el despido del 90% de los profesionales de carrera de la Cancillería, el intento de prohibir la difusión de encuestas, entre otras acciones, ofrecen una pista de lo sectaria y confrontacional que será la gestión de Luis Arce y lo difícil que se presenta la defensa de la democracia plena en esas condiciones.