En su informe anual sobre calidad sistémica, la revista The Economist confirmó recientemente que Bolivia sigue siendo un régimen híbrido, es decir, que las prácticas políticas gubernamentales combinan lo autoritario y lo democrático.

El reporte británico viene a ratificar con metodologías objetivas lo que muchos sentimos en el termómetro de la percepción: que la apertura democrática lograda con el fin del prorroguismo de Evo Morales es sólo parcial y que el partido dominante sigue reproduciendo muchas de las mismas tácticas de abuso hegemonista del poder.

En la coyuntura actual, aparecen nítidamente tres campos, tres pruebas de fuego en las que podría resolverse o cancelarse la profundización de esa apertura:

1. Habilitación electoral amplia. El impulso desde el MAS de procesos inhabilitatorios contra candidatos de oposición es uno de los riesgos más serios para el proceso electoral en curso.

Demandas contra Rafael “Tata” Quispe, Manfred Reyes Villa, Santos Quispe y Luis Larrea, más procesos judiciales exprés contra Adrián Oliva y Luis Fernando Camacho, son parte de la batería persecutoria puesta en marcha, y que podría configurar un nuevo método de fraude electoral a priori, para ganar en mesa antes de que los partidos se desarrollen en cancha.

Lo contrario, lo realmente democrático, sería una habilitación electoral amplia. Prueba de fuego para la independencia del TSE.

2. Amnistía no partidista. La mayoría del MAS en el Parlamento, en uso de su nuevo reglamento que no contempla los 2/3 procedimentales, ha impulsado una ley de autoindulto con la cual se beneficia sólo a las partes vinculadas a ese partido en los conflictos de octubre y noviembre de 2019, y en sucesos posteriores.

Mientras tanto, siguen en marcha procesos eminentemente políticos, como el sufrido por Marcel Rivas Falon, entre múltiples casos.

Aquí, lo correspondiente para de verdad pasar la página y avanzar hacia una reconciliación nacional sería un mecanismo de amnistía no partidista o recíproca, que no esté circunscrita a la militancia en la fuerza de gobierno. Prueba de fuego para organismos internacionales de derechos humanos.

3. Coordinación sin verticalismo. Desde la presidencia se insinúa un condicionamiento de la distribución de vacunas a las decisiones electorales de la población el 7 de marzo. Elegir “autoridades con las que podamos coordinar” es un eufemismo para decir que los tres niveles del Estado tienen que estar alineados en el mismo partido.

Se trata de una concepción particularmente antidemocrática, un retorno al centralismo leninista que poco tiene que ver con las prácticas republicanas mundiales, donde es normal el trabajo conjunto entre gobiernos nacionales, regionales y locales de distintos signos políticos.

Coordinación sin verticalismo, con respeto a las entidades autonómicas, es lo que corresponde. Prueba de fuego para los liderazgos departamentales y municipales, sobre todo de oposición, aunque también algunos postulantes oficialistas podrían mejorar su performance electoral con gestos de independencia en esta materia.

El autor es escritor y periodista