Los resultados de las encuestas de intención de voto, realizadas en el eje central, para las elecciones subnacionales parecen desesperar al MAS, pues el único de sus candidatos con perspectivas de ganar es el que aspira a la Gobernación de Cochabamba.

El fastidio en las filas del partido de Gobierno se manifestó desde hace más de tres semanas, cuando se conocieron los resultados de la primera encuesta de preferencia electoral en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y sus ciudades capitales, y El Alto, el segundo municipio más importante del país. El descontento azul se canalizó en declaraciones de sus dirigentes que ponían en duda la corrección de ese estudio de opinión y anuncios de algunos de sus diputados sobre un instrumento de control del trabajo de las empresas encuestadoras, como si la realización de encuestas electorales no estuviera regulada por el Órgano Electoral.

El disgusto de los masistas con las encuestas se replicó con mayor intensidad a mediados de este mes, con los resultados del segundo estudio, que mostraban que la preferencia por el MAS disminuyó, respecto del primero. “Tarde o temprano habrá la sanción sobre estas (encuestadoras)”, amenazó el jefe máximo de ese partido.

Intentar desprestigiar los estudios de preferencia electoral, puede fortalecer la convicción de su núcleo duro de votantes, pero no frena el avance registrado por los candidatos opositores. La intervención del Presidente para exigir votar por aquellos con los que el Gobierno pueda “coordinar” mejor tampoco sirvió para atenuar la posibilidad de las derrotas anunciadas por las encuestas.

Así el MAS recurre a la persecución judicial de los candidatos opositores.

Ocurrió primero con el favorito para la alcaldía de Cochabamba, cuya inhabilitación está es suspenso como resultado de un caso que dormía en el Tribunal Supremo de Justicia y, muy oportunamente, se reactivó. Es más, el Ministro de Justicia proclamó de manera pública que “corresponde la inhabilitación de Manfred Reyes Villa”, en una clara intromisión del poder el Ejecutivo en asunto exclusivo del Poder Electoral.

Ocurrió luego con la presidenta del Gobierno transitorio, candidata a la gobernación de Beni, que recibió una orden de comparecer en la Fiscalía en el marco de un juicio ordinario por una acción interpuesta en 2020 por un supuesto delito cometido cuando era jefa de Estado.

Ayer, el aspirante con mayores posibilidades de triunfo para la gobernación de Santa Cruz fue convocado por la Policía en el marco de un proceso interno.

El cerco judicial masista contra candidatos opositores se activó sin disimulos. El Tribunal Supremo Electoral es ahora el último reducto institucional de la democracia.