En Bolivia, estamos frente a un escenario político con dos debilidades aparentes y que el Gobierno se encarga de enrostrar a sus adversarios de manera generosa: la ausencia de una oposición con capacidad de proponer alternativas, y la carencia de líderes/portavoces que las ofrezcan.

Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y autor de "La sociedad dolida. El malestar ciudadano", nos ayuda a comprender esto a partir de la experiencia mexicana: "Estamos frente a una crisis de gobernanza de la democracia representativa. La solución tiene que venir de la misma sociedad. Se puede hacer política desde la sociedad, no es imprescindible una militancia partidista, un puesto de elección popular para plantear análisis y propuestas que puedan ser válidos para otros con alternativas seductoras. Como médico, estoy preparado para la divergencia democrática y para una segunda opinión, aunque también tengo claro que por los signos y síntomas, estamos frente a un cuadro que necesita decisiones, incidir en cambiar conductas, asumir responsabilidad con nuestro futuro pues la pasividad y la postración, no nos favorecen."

Nuestra coyuntura ofrece un escenario potencial de confrontación a partir de una tensión constitucional que se producirá en el momento de la inscripción de los candidatos. En julio del año 2019, salvo que ocurra un cambio de consciencia y un efluvio de cordura colectiva, el MAS intentará –por sobre el artículo 168 de la Constitución y el Referéndum del 21 de febrero del año 2016 que se expresó con una negación– inscribir a su candidato, el actual presidente, Evo Morales. El fundamento para ello, estará basado en el fallo del Tribunal Constitucional que, aduciendo el respeto de los derechos humanos de los gobernantes, considera que la Constitución no le puede negar la reelección indefinida.

El recurso planteado a los organismos internacionales para que diluciden esta situación, si se produjera antes de julio del próximo año, resolverá por un acto de interpretación legítima, si el derecho a la reelección está por encima de dos referendos constitucionales. Si el fallo demandado no ocurriese antes de esa fecha, el Órgano Electoral Plurinacional deberá ser quien lo defina por la vía de la acción administrativa. Como responsable de aplicar la normativa relativa a procesos electorales, tendrá la palabra para justificar una decisión que sería inapelable, al definir cuál de las normas en cuestión expresa la primacía constitucional.

El Secretario General de la OEA Luis Almagro, en su cuenta de Twitter publicó un criterio que adquirió viralidad internacional: “En realidad, el artículo 23 de la Convención Interamericana de DDHH, citado en sentencia del #TCP de #Bolivia no contempla derecho a perpetuarse en el poder. Además, la reelección presidencial fue rechazada en referéndum por voluntad popular en #21F de 2016”.

Mientras la situación se defina, el escenario de corto plazo tiene en las expresiones “21F”, "Bolivia dijo NO", en las redes, la ciudadanía radical y en las ciudades, un espacio para el debate y el retorno al tema de fondo, el carácter de la democracia y sus modalidades para perfeccionarla.

Estamos frente una hermosa oportunidad que no debiéramos desperdiciar, y que tiene que ver con los límites necesarios que se le deben imponer al poder.

El autor es director de innovación del Cepad.