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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 25 de febrero de 2021
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dirimirá la habilitación o inhabilitación del candidato a alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en el transcurso de hoy parte con tres vocales que son afines al MAS, mientras que otros tres son independientes, así que es muy posible que se registre una especie de “empantanamiento” en la Sala Plena.
Daniel Atahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez Salas y Francisco Tarquino Blanco tendrían una tendencia que se inclina al oficialismo, principalmente porque en otras votaciones se inclinaron por decisiones que favorecían a candidatos o a los intereses del partido gobernante, el MAS.
Mientras que el presidente Salvador Romero, Oscar Hassenteufel y la vicepresidenta María Angélica Ruiz, sin ser opositores, tienen una línea más equilibrada e independiente.
A principios de enero de este año, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso la suspensión de la vocal Rosario Baptista Canedo e iniciarle un proceso disciplinario por la presunta “comisión de faltas graves y muy graves”, prescritas en la Ley 018 del Órgano Electoral.
Baptista es la vocal del TSE que en noviembre de 2020, en una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció la existencia de un “servidor alterno” del padrón electoral , que habría incidido en el resultado de varias elecciones y solicitaba una auditoría de las elecciones del 18 de octubre de 2020.
En cuanto a Reyes Villa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó una sentencia de un proceso coactivo por Bs 2.3 millones que fue promovido contra el candidato por la Contraloría del Estado. La defensa presentó un pedido de complementación y enmienda que fue denegado por el TSJ.
El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que lo que corresponde es que el TSE inhabilite a Reyes Villa porque se trata de una sentencia ejecutoriada. El postulante ya pagó un millón de bolivianos y ve la forma de cancelar la totalidad, en un plan de pagos. El analista constitucional Gonzalo Hidalgo manifestó que al no ser un hecho penal, el pago lo libera de la sentencia.
En ese marco, la Sala Plena analiza hoy este tema.



