El Gobierno presiona para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilite a Manfred Reyes Villa, candidato de Súmate a alcalde de Cercado (Cochabamba). Mientras que desde esa fuerza indicaron que se pagó ya 50% de la deuda en el marco del proceso coactivo fiscal que se le interpuso, y que se solicitó un plan de pagos para cancelar el resto.
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Los procesos cercan a los candidatos a gobernador Adrián Oliva (Tarija), Rafael Quispe (La Paz), Jeanine Añez (Beni) y Fernando Camacho (Santa Cruz). Hay afectados que ven persecución política.
El Gobierno presiona para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilite a Manfred Reyes Villa, candidato de Súmate a alcalde de Cercado (Cochabamba). Mientras que desde esa fuerza indicaron que se pagó ya 50% de la deuda en el marco del proceso coactivo fiscal que se le interpuso, y que se solicitó un plan de pagos para cancelar el resto.
En tanto, el asedio judicial se amplió a los candidatos Adrián Oliva (Tarija), Jeanine Añez (Beni), Rafael Quispe (La Paz) y Fernando Camacho (Santa Cruz).
Adrián Oliva, aspirante a gobernador de Tarija.
El 18 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia declaró infundado un recurso de casación (última instancia de apelación) que interpuso la representación legal de Reyes Villa, en torno a un proceso coactivo fiscal que se abrió en su contra, con lo que ratificó que el candidato debería al Estado por la compra de seis vehículos. Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que “corresponde la inhabilitación”.
Mauricio Muñoz, vocero de Reyes Villa, informó a Página Siete que se canceló el 50% (un poco más de un millón de bolivianos) de la deuda y agregó que para el otro 50% se solicitó un plan de pagos. Con esa acción, subrayó, el postulante “estaría 100% habilitado”.
Muñoz explicó que el dinero se recaudó entre los candidatos a concejales y que sobre todo es fruto de “un acuerdo entre algunos de los coactivados”.
Jeanine Añez, postulante a gobernadora de Beni.
Otro de los casos es el de Adrián Oliva, gobernador de Tarija, quien ayer en la mañana denunció que emitieron una orden de aprehensión en su contra por un proceso sobre la construcción del Hospital Materno Infantil. Dijo que no fue notificado. Por la tarde, Oliva se presentó ante el Tribunal de Justicia de Tarija, para expresar que está a disposición de las autoridades. “No tengo nada que ocultar porque tengo las manos limpias”, fueron algunas palabras que manifestó ante sus seguidores. Oliva es candidato de Comunidad de Todos y busca ser reelegido el 7 de marzo.
Rafael Quispe, candidato a gobernador de La Paz.
La expresidenta Jeanine Añez es procesada por “delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”. El lunes se presentó ante la Fiscalía de Beni y se abstuvo de declarar, porque -manifestó- “goza” de juicio de responsabilidades. Añez, que postula a gobernadora de Beni por Ahora, dijo que es una “persecución política”.
El martes, Rafael Quispe, candidato a gobernador de La Paz por Somos Pueblo, informó que fue notificado con la sentencia de dos años de cárcel por delitos de acoso político y violencia contra la mujer, proceso que interpuso Felipa Huanca. Ese mismo día, Lidia Patty, exdiputada del MAS, anunció un nuevo proceso contra Fernando Camacho, candidato a gobernador de Santa Cruz. “Lo amenazó (a Luis Arce), cuando dijo ‘cuidado estés saliendo como lo hizo Evo’ (…)”, afirmó Patty.
Camacho ya enfrenta un proceso por el supuesto golpe de Estado. Creemos denunció que se reactiva la persecución.
Camacho, postulante a gobernador de Santa Cruz.
Punto de vista arturo yáñez Licenciado en Derecho
“No todos están en la misma situación jurídica”
Cada caso es diferente. No todos están en la misma situación jurídica. Por ejemplo, Quispe tiene una sentencia que no es ejecutoriada. Por lo tanto, puede apelar y eso va a demorar un buen tiempo.
En el caso de Jeanine Añez, tiene un caso abierto y eso no le afecta en nada. En el caso de Adrián Oliva, candidato a gobernador de Tarija, al parecer lo estaban por declarar rebelde, pero ya dejaron sin efecto, porque no es que te pueden declarar rebelde de manera automática. Te tienen que dar un tiempo para que justifiques, que por lo general es de 48 horas. Y por lo que entendí ya justificó, y por tanto se dejó sin efecto. En realidad no se consumó esa rebeldía.
El caso de Manfred Reyes Villa lo veo más complejo. Primero, me recontraextraña que hagan aparecer muy convenientemente un caso que no estaba resuelto desde hace cuatro o seis años.
Hasta el mismo Ministro de Justicia manifestó su extrañeza, pero creo que ése es el caso que más problemas podría tener, porque al parecer implicaría un pliego de cargo ejecutoriado, salvo que su defensa intente alguna medida desesperada, una acción de amparo o algo así, pero que sería muy discutible que pueda suspender el tránsito a la cosa juzgada que entendemos ya llegó.
Entonces, son situaciones jurídicas diferentes, pero lo que nos muestra es que una vez más los procesos electorales se embarran por la actuación de la justicia y el problema de fondo es que casi nadie confía en el sistema de justicia.
Eso es lo penoso porque si habría un sistema de justicia confiable, uno diría: “Bueno, los jueces determinaron eso y respetamos”. Pero, todos desconfiamos y ésa es una de las grandes tragedias de nuestro país y fundamentalmente de la justicia.
Ahora bien, aquí aplica esa frase de “piensa mal y acertarás”. Hemos visto durante los anteriores 15 años cómo la justicia sensiblemente se prestó a un rol funesto. Hay que acordarse del Gabinete jurídico, del mamarracho de caso 24 de Mayo, la sentencia 084... y podríamos señalar decenas de casos en los cuales la justicia no cumplió su rol de tutelar derechos y garantías de las personas, sino que le ató los guatos al poder político de turno.
