La conformación de los Tribunales Electorales a todos los niveles tiene una anomalía heredada y blindada constitucionalmente, que es la potestad del Presidente del Estado de nombrar a un representante en cada uno, algo así como un espía o un confidente, que también puede convertirse evidentemente en un operador, lo cual le resta seriedad al Órgano, que es uno de los fundamentales del Estado.

Por esa ventana entró Nataly Vargas Gamboa, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, quien fue nombrada representante por la presidenta transitoria Jeanine Áñez los meses después de los sucesos de noviembre y cuando ya sonaba como candidata a la Presidencia, aunque no lo había formalizado.

Vargas fue además elegida Presidenta de la institución, algo que evidentemente no es común, pero que es una decisión de la propia Sala Plena que se toma con los otros cuatro vocales, ellos sí elegidos mediante el procedimiento de concurso público.

Que la representante de la expresidenta siga ejerciendo el cargo y la Presidencia puede ser considerado un ejercicio de transparencia, en este caso del Gobierno entrante. Incluso que siga recogiendo homenajes de instituciones y dirigentes que después pueden comprometer su imparcialidad, organizando debates televisivos que nada tienen que ver con su misión, lo que también compromete su imparcialidad o pagando publicidad en Facebook para difundir su discurso de doctorado son decisiones que toma la Presidenta y que pueden desembocar en una u otra cosa, pero que son sobre todo personales.

Nataly Vargas Gamboa, presidenta del TED, fue nombrada representante por la presidenta transitoria Jeanine Áñez cuando ya sonaba como candidata a la Presidencia

Otro asunto es que Nataly Vargas insista en la comisión de delitos del anterior Tribunal Electoral encabezado por Gustavo Ávila cuando en más de un año y con la institución a su servicio no ha podido ofrecer una sola prueba que así lo evidencie.

Y es que Vargas habla de un delito de fraude electoral que los fiscales no ven, y por eso han dado el sobreseimiento, sino que tampoco vieron en su momento ninguno de los delegados ante la corte, que firmaron el acta de conformidad antes de que estallaran los conflictos el 21 de octubre, pero sobre todo, no vieron ninguno de los investigadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que por lo tanto, no lo incluyeron en ninguna mención en el informe preliminar que en la madrugada del 10 de noviembre se hizo púbico y desembocó en la renuncia de Evo Morales y la posesión de Jeanine Áñez.

Vargas se ha querellado comprometiendo a la institución sin tener pruebas para ello, y con el mismo discurso sin sustento plantea ahora una apelación al sobreseimiento de los vocales que difícilmente fructificará. Puede que los números no cuadraran en el país, pero en Tarija le cuadraron al TED, a los partidos y a la propia OEA, por lo que nadie vio un indicio de fraude.

Vargas parece haber decidido atrincherarse en la entidad pese a que su legitimidad para ello es haber sido la elegida de Áñez, lo que no puede en cualquier caso es utilizar la institución para perseguir a nadie ni, por sus delirios hedonistas, comprometer la normalidad de la institución y de la próxima elección del 7 de marzo. Nos jugamos demasiado.