La realidad de la administración de justicia en Bolivia está lejos de limitarse a la, circunstancial o sistemática, sumisión al poder político que asumen los órganos encargados de ella, sino que abarca aspectos estructurales e históricos.

Una evidencia de ellos es la cantidad de procesos iniciados a fiscales, como resultados de denuncias en su contra: 507 en 2020, una gestión irregular debido a la emergencia sanitaria y los meses de cuarentena rígida que se impusieron para mitigar el avance de la pandemia. Dos años antes, en 2018, se registraron 833, un promedio de más de dos por día.

La mayoría de esas denuncias son de personas que han sufrido una injusticia “que no ha sido investigada por el Ministerio Público o ha sido una investigación totalmente deficiente”, explica el Fiscal General del Estado.

Esas deficiencias “se deben esencialmente a que la Fiscalía no tiene un sistema de contratación de personal por méritos, directamente es a dedo que van nombrando fiscales, esa es una costumbre ya de años”, asegura un exfiscal.

Pero no se trata solo de carencia de capacidad profesional de los fiscales, sino también de casos de corrupción, algunos de ellos constatados en flagrancia. Y hay los que no pudieron ser probados, y los que se quedan en los vericuetos de procesos que duermen en los juzgados.

La corrupción existe también en los juzgados y, quizás con menos frecuencia, en niveles jerárquicos de la magistratura, como el Tribunal Supremo de Justicia, donde uno de sus tribunos enfrenta procesos por irregularidades que se le atribuyen para lograr su elección, en 2017.

En diciembre del año pasado, el Ministro de Justicia intentó emprender un proceso de reforma judicial, en medio de serias llamadas de atención a las instancias superiores del Órgano Judicial, especialmente al Consejo de la Magistratura por demorar, desde hacía un año el nombramiento de 151 jueces. La presión ministerial consiguió que se ejecuten esos nombramientos. Pero el brío con el que el Ministro impulsaba el proyecto de reforma judicial se calmó hasta anularse con las presiones de su mismo partido.

Los intereses partidarios no solo se imponen a los de la ciudadanía, sino que también implantan su propia justicia para beneficiar a los masistas.

No otra cosa es el decreto de amnistía e indulto, promulgado por el Presidente, que instaura la impunidad para los responsables de hechos de violencia y destrozos a la propiedad privada y del Estado perpetrados en la convulsión poselectoral de 2019 y los meses previos a las elecciones generales de 2020, durante el Gobierno transitorio para el que la justicia fue también un instrumento de poder.

Un instrumento que ahora sirve muy bien para intentar anular candidaturas opositoras con evidentes posibilidades de triunfo en las elecciones subnacionales.