El 21 de febrero de 2016 es la fecha que marca una línea divisoria entre quienes creían en la necesidad de preservar en nuestro país la legalidad democrática, por un lado, y quienes creyeron que los límites legales, incluidos los mandatos constitucionales, pueden ser impunemente transgredidos cada que así convenga a sus propios intereses.

Ese conflicto de visiones se planteó en al menos tres dimensiones: la legal, la política y la axiológica, o sea la relativa a los principios y valores que los bolivianos queremos adoptar como orientadores de nuestra vida en común.

El aspecto legal es sin duda el menos discutible, pues tanto la Constitución Política del Estado como todas las leyes que fijan las reglas del juego democrático establecían y establecen con toda claridad los límites que separan lo que es lícito de lo que no es lícito. No debería haber ningún lugar a dudas y el asunto tendría que haber quedado zanjado desde que el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados de la votación del referendo de hace cinco años.

Eso no ha sido así, porque la dimensión política de la controversia era de una magnitud y complejidad que contrastaba con la fragilidad de las instituciones encargadas de contener ese tipo de disputas dentro de los cauces legales.

Esa situación nos puso ante un dilema de difícil solución: Una posibilidad era aceptar con resignación el triunfo de la arbitrariedad y así dejar abiertas las puertas para que la fuerza bruta, en las calles o en los cuarteles, vuelva a dirimir nuestras divergencias. La otra consistía en ofrecer resistencia a la arbitrariedad y al abuso de poder, de modo que siga siendo mediante los procedimientos democráticos, como las elecciones o los referendos, que los bolivianos conciliemos nuestras eventuales discrepancias.

Gran parte del pueblo boliviano eligió el segundo camino: resistir a la arbitrariedad y al abuso de poder ejercidos por el gobierno de Morales, hasta revertir la ilegalidad de su candidatura mediante las urnas.

Y eso es lo que se logró tres años y ocho meses después de ese referendo, el 20 de octubre de 2019 en las elecciones nacionales, cuando una mayoría de bolivianos volvió a decir No al ilegal candidato. Pero no fue suficiente, pues la ilegalidad se reprodujo en forma de fraude electoral. Así, tuvimos que salir a las calles para reafirmar, de forma pacífica, nuestro rechazo no sólo a ese afán doloso de perpetuarse en el poder, sino al desprecio de la institucionalidad y a la pretensión de imponerse de manera delincuencial en contra de la voluntad mayoritaria.

Cinco años después de esa fecha memorable, podemos celebrar la reversión de aquella ilegalidad y el triunfo de nuestra opción y apego por la democracia.