La «Unidad de Inteligencia» de la publicación desarrolla una evaluación desde 2006 asignando puntuaciones a la salud democrática del planeta (representado por 167 Estados), que en esta ocasión ha disminuido hasta los 5,37 puntos (sobre un total de 10). En el caso de Bolivia en 2006 se alcanzó una aceptable nominación con 5,98 puntos que en 2008 subió a 6,15, para luego ir bajando hasta aproximarse al 5 en la actualidad.

El último informe contempla la peor puntuación global desde que se empezó a elaborar el índice. En el estudio se explica que el mal resultado de 2020 se produjo en gran medida, aunque no exclusivamente, debido a las restricciones impuestas por los Gobiernos de prácticamente todo el mundo en respuesta a la pandemia de coronavirus. En el estudio solo se considera que existen 23 democracias plenas en todo el mundo, entre las que se encuentran los países hispanohablantes de Uruguay (en el puesto 15 con 8,61), Chile (en el 17, con 8,28), Costa Rica (en el 19, con 8,16 puntos) y España (en el 22, con 8,12).

El Índice de Democracia se basa en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Con base en sus puntajes en una serie de indicadores dentro de estas categorías, cada país se clasifica en uno de los cuatro tipos de régimen: «democracia plena», «democracia defectuosa», «régimen híbrido» o «régimen autoritario». En la decimotercera edición del Índice de Democracia, que analiza la democracia global en 2020, el enfoque principal es el impacto de la pandemia del coronavirus (Covid-19) en la democracia y la libertad en todo el mundo. Así, analiza «cómo la pandemia supuso la retirada de las libertades civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura de opiniones disidentes».

El informe también examina el estado de la democracia estadounidense después de un año tumultuoso dominado por la pandemia del coronavirus, el movimiento «Black Lives matter» y unas elecciones presidenciales muy controvertidas. Según el informe, casi la mitad de la población mundial (el 49,4%) vive en una democracia de algún tipo, aunque solo un 8,4% reside en una «democracia plena». Este nivel es superior al 5,7% de 2019, ya que varios países asiáticos han experimentado mejoras. Más de un tercio de la población mundial vive bajo un régimen autoritario, y una gran parte se encuentra en China.

Los resultados del Índice de Democracia 2020 muestran que el número de «democracias plenas» aumentó a 23 en 2020, frente a 22 en 2019. El número de «democracias defectuosas» se redujo en dos, a 52. De los 92 países restantes, 57 son «regímenes autoritarios» y 35 se clasifican como «regímenes híbridos». Atendiendo a los datos registrados por este índice en los últimos años, «la democracia no ha gozado de una salud sólida y en 2020, su fuerza fue probada aún más por la pandemia».

Es evidente que la democracia en Bolivia ha sufrido un paulatino deterioro que no ha sido evaluado en su justa dimensión debido a una propaganda permanente desarrollada durante los últimos 14 años. Desde que el MAS llegó al poder en 2006, la imagen de Bolivia en el mundo democrático se fortaleció con la certidumbre del respeto a la voluntad mayoritaria reflejada en las urnas, que eligió a un indígena como Presidente. Pero esas fueron las últimas elecciones libres, imparciales y desarrolladas en el marco de las normas legales. A partir de ese momento se construyó un esquema de poder absolutista para controlar los poderes del Estado, someter a la justicia al poder político y controlar al Órgano Electoral, y cambiar la Constitución Política en un cuartel. Se produjeron constantes violaciones a la nueva Constitución; persecuciones a los dirigentes de la oposición, judicialización de la actividad política, desconocimiento de los resultados de elecciones subnacionales, destitución arbitraria de alcaldes y gobernadores de la oposición, desconocimiento del resultado del referendo de 2016 que rechazó una nueva reelección del presidente, el fraude electoral de 2019 comprobado por la OEA, son algunos de los factores que contribuyeron al deterioro del proceso democrático de nuestro país, que costó tanto sacrificio, dolor y luto al pueblo boliviano. La violencia desatada después del fraude electoral, el gobierno constitucional de transición que surgió como esperanza, pero que equivocó sus funciones, desmoralizó y desmovilizó al pueblo organizado, terminaron por hacer que el electorado prefiera volver al régimen anterior.