En el caso de Reyes Villa, exige al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que cumpla el auto supremo que la anterior semana, luego de cinco años, emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmando la sentencia (dictada en 2015) de un proceso civil en su contra, por daño económico de  288.543 dólares  por la compra irregular de seis vagonetas cuando él ejercía la titularidad de la entonces Prefectura de Cochabamba en 2006, monto que además se debe recalcular en función de intereses hasta la fecha de pago.

Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que llama la atención que el auto haya sido emitido “justamente semanas antes de la elección del 7 de marzo”, luego de que el caso estuvo guardado tanto tiempo. Opinó que al candidato de Súmate le quedan dos caminos: pagar el monto fijado y sus intereses o quedar inhabilitado, aunque aclaró que la decisión final se encuentra en manos del TSE. 

Hizo notar además que los vehículos que motivaron la sentencia contra Reyes Villa se encuentran en la Gobernación de Cochabamba. “Esta situación es de una extrema gravedad, es una situación compleja, porque estamos hablando del candidato con posiblemente las mejores condiciones o la mayor intención de voto”, opinó en radio Panamericana. Dijo que  este tipo de situaciones  lleva a pensar a la sociedad que hay una instrumentalización de la justicia.

El abogado constitucionalista César Cabrera coincidió en que Reyes Villa podría evitar el riesgo de inhabilitación y seguir en carrera electoral si paga, pero ésta no es una opción que por ahora tome en cuenta Súmate.

“Este proceso debería terminar con el pago de lo observado por la compra de vehículos para la Prefectura de ese entonces, pero no vamos a pagar porque no corresponde”, afirmó el vocero de Reyes Villa, Mauricio Muñoz.

El equipo jurídico de la alianza Súmate presentó una solicitud de enmienda y complementación al auto supremo y recordó que Reyes Villa continúa en carrera electoral porque no fue inhabilitado. “Llamamos a la reflexión a algunas autoridades de justicia, que obren dentro del marco de la ley (…) Manifestamos a toda la ciudadanía que nuestro candidato sigue habilitado y el 7 de marzo van a poder elegirlo como alcalde los cochabambinos”, dijo el vocero de este frente, Enrique Mendieta.

Mientras, el diputado  Héctor Arce, del MAS, junto con  otros legisladores de su partido, exigió al TSE que, en atención al auto del TSJ, inhabilite a Reyes Villa. Sugirió que tome esa determinación hasta la próxima semana.

 “El señor Manfred Reyes tiene hoy el pliego de cargo ejecutoriado; por tanto, no puede ser candidato conforme a la Constitución, misma que establece en su numeral cuatro el  no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento”, argumentó.

“A lo mucho, hasta la próxima semana debería resolver este recurso extraordinario de revisión, revocando su resolución que habilita a Manfred”, agregó.  

Y mientras eso ocurre con el postulante mejor perfilado en las encuestas de intención de voto en la capital cochabambina, en La Paz el postulante de la alianza “Por el Bien Común – Somos Pueblo”, Iván Arias, también se encuentra en la mira del partido oficialista.

 Juanito Angulo,  diputado de este frente (MAS), dijo que deberá ser procesado por ser parte del equipo que autorizó el crédito del Fondo Monetario Internacional que recientemente el Gobierno decidió devolver con el argumento de  que se incumplieron procedimientos.

“De acuerdo a procedimiento de ley, todo funcionario público tiene responsabilidades de carácter administrativo,  ya sea por omisión o accionar;  acá hubo acción y omisión por parte de servidores públicos y también de carácter judicial. En lo civil por el daño económico y en lo penal incumplimiento de deberes”, argumentó en una entrevista con Urgente.bo. Dijo que el proceso deberá llevarlo el Banco Central.  

A ello se suma un pedido para la cancelación de la personería jurídica de la alianza que impulsa la candidatura de Arias, que fue presentado ante el Tribunal Departamental Electoral de La Paz por el abogado Omar Durán el 18 de febrero de este año, el mismo día en que el TSJ emitió el auto en el caso de Reyes Villa.

El jurista argumenta en su demanda que el 12 de este mes, durante un acto público, Arias difundió datos de encuestas, lo que vulneraría el parágrafo 2 del artículo 135 de la Ley de Régimen Electoral, que determina: “Se prohíbe la difusión de datos de encuestas preelectorales o de cualquier estudio de opinión en materia electoral, en los mensajes de propaganda electoral”.

Tanto Arias como Reyes Villa continuaron ayer con su intensa campaña para los comicios subnacionales. Uno en La Paz y otro en Cochabamba, realizaron largos recorridos  por las calles y avenidas de esas capitales.

Gasificaron un acto de Súmate

Una concentración en la que el viernes intervenía el candidato de la agrupación Súmate a la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue gasificada por  desconocidos. El atentado afectó a niños y personas de la tercera edad y la Defensoría del Pueblo pidió que se investigue el hecho.

El ataque ocurrió en una cancha deportiva en la zona de Sivingani, en el sur de la ciudad. Imágenes capturadas en video por varios de los asistentes muestran cómo el gas lacrimógeno cubrió el escenario y generó pánico entre los asistentes.

“El cobarde atentado no sólo afectó a mis colaboradores y a mi persona, sino que puso en riesgo la vida de niños, mujeres con bebés y adultos mayores que asistieron a nuestro acto en Sivingani. Estamos más unidos y los violentos tendrán su respuesta en las urnas”, escribió este sábado Reyes Villa en su cuenta en Twitter.

La Defensoría emitió un comunicado en el que hace conocer que “condena los hechos de violencia durante las campañas electorales y exige a las autoridades correspondientes investigar los actos denunciados por la agrupación Súmate, que señala que personas extrañas habrían lanzado gases lacrimógenos ...”.