Gonzalo Rojas Ortuste
Plataforma Ciudadana UNO

Límite al poder arbitrario

El hito que representa la victoria ciudadana del 21F es haber ratificado el límite al poder político que ya amenazaba arbitrariedad. Ciertamente Morales Ayma y García Linera ya ejercían un tercer mandato prohibido por el máximo cuerpo legal, éste incluye expresamente (disposición transitoria primera) que el primer mandato de ambos (2006-09) entraba en la contabilidad de los dos mandatos consecutivos que la actual Constitución permite, como veremos adelante, a contramano de la mayor parte de nuestra historia constitucional.

Ninguna parte de la  Constitución puede ser inconstitucional, el Art. 168 no puede serlo por la servil malinterpretación del Tribunal Constitucional del Art. 23 del Pacto de San José que reconoce derechos políticos a los ciudadanos, no al gobernante en funciones con más tiempo en el cargo más alto del país en casi dos siglos. Nada más faltaba que añadan a su “derecho humano” a reelegirse; algún “derecho divino” a saltarse el mandato vinculante de millones de  bolivianos.

El límite a los gobernantes es parte sustancial de cualquier Constitución democrática, en la antigüedad republicana y también en la moderna. Se sostiene así la idea básica de que los gobernantes deben su titularidad en el cargo, como mandatarios, al pueblo que los elige; de allí provienen sus prerrogativas siempre bajo una ley que iguala a mandantes y mandatarios, unos y otros sujetos a la ley.

Delito de lesa democracia

Por eso es que, además del “error político” que reconocen ampliamente ahora masistas y simpatizantes del régimen, es un delito cometido pública y notoriamente, que convierte a quienes lo viabilizaron en cómplices de semejante falta contra una de las bases mismas de la democracia; a saber, que la soberanía reside en el pueblo y habiendo sido éste convocado legalmente y manifestada su voluntad solo quedaba su acatamiento, sin excusa ninguna.

Así, los apologetas de Morales tendrán dificultades en presentar un solo caso de ejemplo precedente en la historia mundial de la democracia de un país donde ello haya ocurrido y se pueda reconocer una continuidad en el orden democrático.  El gobernante  lo sabía, pues antes de su realización reconocía que el desconocimiento de sus resultados era equivalente a un golpe de Estado; y su segundo decía que bastaba un solo voto para definir el sentido del mandato que allí emanaba.

Hay, sí, casos inversos, de dictaduras obedeciendo mandatos populares en plebiscitos, los hubo en la región, dando paso a gobiernos civiles en Chile y Uruguay. De igual manera, en la Francia de De Gaulle, ante el rechazo en referéndum de una reforma propuesta por ese héroe nacional, éste renunció a su alto cargo.

La Comisión de Venecia, órgano especializado en derecho constitucional de la Unión Europea, consultada al respecto por la secretaría general de la OEA en 2017 se suma a la larga tradición jurídica del anti-presidencialismo-imperial en América Latina y Bolivia. Un buen y temprano ejemplo es la Constitución boliviana de 1839, promulgada por uno de nuestros prohombres, famoso por adherir a las virtudes de la ley para organizar y potenciar las nuevas naciones, el Mariscal Santa Cruz:

Art. 74: Si concluido el periodo constitucional, el nuevo Presidente no prestara el 15 de agosto el juramento prescrito en esta Constitución, cesará sin embargo el anterior en sus funciones, entrando a ocupar su lugar el presidente del Senado. Si el cesante contraviniera a esta disposición, desde ese momento es declarado traidor a la Patria y puesto fuera de la ley. (énfasis añadido).

No hay derecho humano a la reelección. Ningún individuo es más que pueblo, nación, humanidad. Hay ejemplos muy fuertes de que las reelecciones en nuestra región atentan a ese principio de límite que no debe romperse.  Por el carácter pionero de la primera revolución social en América Latina, la mexicana, se gatilló   con la tozudez de Porfirio Díaz de mantenerse en la presidencia luego de sucesivas reelecciones. 

En nuestro país,  cuando ya se hubo alcanzado cierta estabilidad luego del tumultuoso siglo XIX en que las prevenciones como la consignada precedentemente no fueron suficientes, uno de nuestros más destacados intelectuales de la primera mitad del siglo XX, don Franz Tamayo propuso, en 1930, la Ley Capital, que establecía el derecho al tiranicidio, donde el pueblo ejercería su derecho a no ser tiranizado, porque es un autócrata aquél que se siente por encima de la ley y cree que sus caprichos y ambiciones están por encima del acuerdo constitucional. 

Por si fuera poco, quizás la figura más prominente del notable elenco de la Revolución Nacional, Víctor Paz, cuando se reeligió, en 1964, generó tan gran oposición que su vice pudo encabezar a los tres meses un golpe incruento obligando a que Paz Estenssoro vaya al exilio.

El presidencialismo en nuestra región se alimenta con el caudillismo de larga raigambre, de los que pensaban que las ancas de su caballo son el “trono” presidencial. Por ello vale la pena reconocer lo poco de institucionalidad que, bajo acoso, resistió a su manera: es el caso del TSE y sus miembros institucionalistas; reconocimiento a Katia Uriona, Dunia Sandoval y seguramente el ingeniero Costas, todos renunciantes en su momento, y ellas con señalamientos explícitos del acoso antidemocrático. Solo quedó el grupo de choque y el fraude ya fue posible en 2019.

Rebelión ciudadana y porvenir

Así, en 2019 se prepara un fraude desde el oficialismo: las urnas solo sirven cuando favorecen a los autoritarios, aspirantes a tiranuelos: la rebelión pacífica en octubre-noviembre, con vigilia ciudadana al Palacio Quemado (golpe ni en sueños) marca el punto alto de esa emergencia, que habría de signar los tiempos presentes, con sus indudables retos y complejidades, y así lo celebramos.

Forzada la repostulación del binomio, “que no se sujeta a la letra muerta de la ley” (Linera dixit) –exacto paralelo al “le meto nomás” del autócrata– la cantidad de irregularidades rápidamente denunciadas y con el antecedente del 21F y derrotas políticas posteriores del oficialismo (finales del 2017) debido al hartazgo contra el binomio y sus corifeos, quedan contra las cuerdas mientras las demandas van escalando en envergadura, desde la segunda vuelta por lo altamente dudoso de la diferencia requerida, a contramano de los datos de conteo rápido inexplicablemente interrumpido. 

 Luego, otra elección con nuevo tribunal electoral y padrón, cuando se supo del dictamen de la misión de la OEA pedida y aceptada por el gobierno en su carácter de vinculante; hasta la renuncia de los mandatarios desmesurados (afectados por la hubris del poder) que la presentaron públicamente ante cámaras de televisión para luego fugar del país y acentuar su dotes histriónicas de víctimas con la argucia majadera del supuesto “golpe”.

Contra el leguleyismo de ciertos masistas, conviene decir algo sobre la arquitectura del presidencialismo. La actual Constitución reconoce explícitamente tres figuras de la sucesión presidencial, empezando por el vicepresidente. La de 1967 y sus reformas sucesivas reconocen además a la figura del presidente de la Corte Suprema, involucrando en esa cadena al tercer poder estatal, además de los presidentes de cada cámara del entonces Congreso. 

Detrás de tan cuidadosa enumeración está la idea de que el Estado ya constituido no puede quedar descabezado y por ello en algunas constituciones latinoamericanas ha habido varios vicepresidentes. No es ajeno a ello que la Presidencia sea la figura secular equivalente a la del rey que, como se sabe, tiene una larga cadena de sucesores alrededor suyo y en el ámbito de su familia: “el Rey ha muerto, ¡viva el Rey! (sucesor)”. Por ello que, doctrinalmente, en tanto haya Estado, hay gobernante y en situaciones de crisis –incluso ese vacío de poder de noviembre alentado al parecer en la cadena de renuncias– es lícito acudir a la continuidad de sucesiones en la Cámara Alta primero y seguir luego hasta encontrar quien se haga cargo. Indudable valor civil de Jeanine Añez para hacerlo en semejante circunstancia; aunque presa de la hubris poco después, ella empañaría ese gesto.

Imposible no admirar la persistencia y determinación de los bloqueos (con jóvenes muy visibles en el empeño) en todas las ciudades capitales de Bolivia, no solo en algunas como ocurrió en abril del 52, o en octubre del 2003 cuando Goni tuvo que fugar también. La extensión y visibilidad de esta movilización que empezó con gran algarabía y parecía inocua al poder político (“las pititas” de las que se mofó Morales, amenazando luego que nos iba a enseñar lo que son bloqueos) fue haciéndose más efectiva en la medida que los masistas reconocían a regañadientes que era irreductible y ni las amenazas de fuerza las rendían.

Una distinción didáctica entre rebelión y revolución es que la última se propone otro orden (supuestamente superior al existente) y pasa usualmente por cambiar a los titulares del poder político como primer gran paso, mientras que la primera es un rechazo a una situación explícita y no tiene un plan alternativo.  Esto que a primera vista puede parecer una limitación evidente de la rebelión, no lo es a los ojos de un autor comprometido con su tiempo, Albert  Camus, quien en  El hombre rebelde escribe: “la rebelión es un compromiso sin salida en los hechos de una protesta oscura que no compromete sistema ni razones”… (vs. la revolución que es “encuadrar al mundo a un marco teórico”) permitiendo caracterizar a fondo el tipo de acontecimiento que ocurrió efectivamente con la  gesta ciudadana abanderada del 21F, que en 2019 no tuvo como objetivo “tomar el poder” ni por ello el Palacio Quemado, que tantas veces albergó a triunfantes golpistas y esta vez fue custodiado con una tricolor en su puerta principal como testigo elocuente de la naturaleza patriótica de la movilización, no a favor de ningún caudillo de reemplazo.

Se inaugura así una era de preeminencia de ciudadanos y ciudadanas activos  en los asuntos que nos incumben a todos sin delegar a representante alguno esta tarea, lo que no los hace prescindibles, pero estos representantes y delegados deberán estar a la altura moral de esos celosos mandantes de la cosa pública…y es cierto que no abundan estos políticos honestos y respetuosos de la ley.

La permanencia es, entonces, un desafío a enfrentar, pero no para sacrificar la verdadera diversidad de voces. Tiene razón Hannah Arendt (Pensamientos sobre política y revolución), otra pensadora de igual enjundia que el francés de origen argelino apenas citado, cuando dice “lo bueno suele durar poco, pero después ejerce una influencia decisiva sobre lo que acontece durante largas etapas”.

Pronunciamiento: recordatorio  del No rotundo  del 21F

1 Bolivia atraviesa una de sus peores crisis políticas, que empezó en 2014, cuando Evo Morales decidió postular a la Presidencia de la República por tercera vez y logró que el Tribunal Constitucional decidiera que su primer mandato no contaba, en contra de lo que disponía la propia Constitución. Las elecciones se realizaron en octubre de 2014 y Evo Morales pasó a ocupar ilegalmente la Presidencia por un tercer período.

2 Al finalizarlo, Evo Morales intentó postularse nuevamente, pero esta vez el Art. 168 de la CPE se tendría que aplicar sin dudas, porque ya había ejercido dos mandatos bajo la nueva Constitución. El Art 168 señala claramente que: “El periodo de mandato …del Presidente y …del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser … reelectos por una sola vez de manera continua”. 

3 Por tanto, Evo Morales necesitaba de un ardid para evadir el Art. 168. El ardid fue el referéndum del 21F. El MAS creyó que la población, que le había dado la victoria dos años atrás, volvería a respaldarlo, pero el resultado le fue negativo: la población votó mayoritariamente por el NO y decidió prohibir a Evo Morales postularse nuevamente. Por tanto, el NO rotundo del 21F fue el acto cívico más importante de la historia democrática del país desde octubre de 1982 y la afirmación de que la Constitución Política del Estado debe cumplirse por encima de los individuos y de los partidos. 

4 Evo Morales buscó subterfugios para incumplir la decisión del 21F. Inventó un nuevo argumento: que su presunto derecho humano estaba por encima de la Constitución, del referéndum del 21F y de principios elementales del derecho. Obtuvo nuevamente una resolución favorable del Tribunal Constitucional y volvió a postular, pero la pésima administración de las elecciones de 2019 por el Tribunal Supremo Electoral –donde se mezclaron fraudes, negligencia, corrupción y malas intenciones– llevó a su anulación, acelerada por el manifiesto repudio de la población. Para entonces, el MAS se había vaciado de todo contenido económico, político y social, para transformarse en una maquinaria de reproducción en el poder, ya sin principios ni valores democráticos.

5De no haber ocurrido el 21F, es muy probable que se hubiera consolidado el fraude de 2019, o que éste hubiera pasado desapercibido. La democracia ya se habría convertido en tiranía, y las libertades habrían sido conculcadas.

6Las plataformas ciudadanas, que el MAS intentó eliminar mediante la Ley de Organizaciones Políticas, mantienen su plena vigencia y ratifican su compromiso con los principios y valores de la democracia y el Estado de Derecho. Agradecen a los ciudadanos que en toda la geografía patria se movilizaron para producir la histórica victoria del 21F y rinden su homenaje a aquellos que perdieron su vida en el difícil proceso de reconquistar la democracia, hoy nuevamente torcida. Su sacrificio no será olvidado.

Por las plataformas democráticas (en orden alfabético): 
Ciudadanos
Construyendo
Democracia de Verdad
Grupo de Trabajo Oruro
Petardos
Ríos de Pie
Una Nueva Oportunidad