Lo decente, por decirlo de alguna manera, es que las encuestadoras se muevan en cifras no irrisorias y que bailan con su margen de error. Lo contrario a lo decente es que las encuestas se conviertan en actos proselitistas, alejados absolutamente de la realidad.

Hasta hace poco tiempo las encuestas ante comicios estaban exentas de cualquier tipo de regulación, no solo en Bolivia, sino que en el mundo entero. Sin embargo, podría decirse que su poder gravitacional en el voto es indiscutible hoy y lo fue ayer. De ahí que las encuestas se hayan convertido en una de las mercancías más valiosas en tiempos de campañas electorales. Como toda mercancía que está dispuesta en el mercado, las encuestas usualmente están a la venta. En Bolivia, la joven regulación impuesta en esta materia parece no haber frenado la oferta y la demanda en esta venta.

A lo anterior se suma un elemento no menor que tiene que ver con los intereses que persiguen los propietarios de las encuestadoras hegemónicas y, por qué no decirlo, con su adscripción de clase. Así, se configura el curso de una acción política: de la noticia falsa a la encuesta falsa con el fin de fortalecer a una candidatura en desmedro de otra. Generalmente, luego del fracaso evidente de una encuesta, los voceros de las empresas arguyen su falta de cientificidad al margen de error, una excusa ya bastante inútil en la actualidad boliviana.

Revisar las encuestas hacia las elecciones nacionales del pasado año es por demás ejemplificador, pues los números que presentaron ante la opinión pública estuvieron muy alejados de los resultados electorales oficiales. A finales de septiembre Ciesmori vaticinaba una segunda vuelta entre el Movimiento Al Socialismo y Comunidad Ciudadana. Los números estaban puestos así: 30% para Luis Arce y 25% para Carlos Mesa. Como si fuera poco, la virtual segunda vuelta, según la encuestadora, daba el triunfo a la fórmula naranja. El gremio de la demoscopia en Bolivia se vio seriamente afectado en su credibilidad luego de que la fórmula azul alcanzara el gobierno con más de 55% de los votos, aventajando a la segunda fuerza con más de 27 puntos porcentuales, en primera vuelta.

La sanción a las encuestadoras proselitistas no existe. Estos grupos empresariales siguen operando políticamente sin que la autoridad electoral pueda hacer algo al respecto. La norma es clara, el Órgano Electoral es la autoridad encargada de supervisar la elaboración y la publicación de encuestas y, en ese sentido, la pregunta es ¿cuántos comicios más se necesitan para que la autoridad cambie sus mecanismos para, de esa manera, pueda cumplir con su responsabilidad institucional? Habrá quienes digan que con marcar los parámetros para las encuestas el Órgano Electoral ya cumplió, sin embargo, una de las funciones principales de dicha entidad es garantizar la transparencia de las campañas.

No es una locura decir que las encuestadoras son brazos operativos de ciertas campañas. Queda claro que hoy por hoy, el partido hegemónico en Bolivia, de corte izquierdista y progresista tiene a las encuestadoras en contra. Una prueba más de aquello es la última encuesta presentada por Ciesmori hacia las elecciones subnacionales. Lo más probable es que dicha empresa hoy esté militando en el mismo espacio político que en las elecciones generales de 2020, pues ni siquiera las candidaturas masistas con evidente ventaja sobre el resto aparecen triunfantes en los números presentados.

Casualidad no es que los analistas políticos que en octubre pasado deseaban la segunda vuelta para la presidencia hoy remarquen y celebren las tendencias falsas recientemente presentadas. El gremio de la demoscopia tendrá que, urgentemente, recuperar credibilidad y eso pasa, de forma obligatoria, por presentar números que se parezcan a los que se presenten la noche de la jornada electoral.