El vocero de Reyes Villa, Mauricio Muñoz, explicó que la solicitud tiene el propósito de evitar su inhabilitación como candidato a la Alcaldía de Cercado (Cochabamba) y que básicamente busca una aclaración más profunda sobre el sustento del auto supremo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que hace unos días rechazó un recurso de casación y terminó ejecutando una sentencia en lo civil en contra de dicho candidato.

Muñoz aclaró también, frente a versiones sobre una sentencia de 7 meses contra Reyes Villa, de que no existe condena alguna, ni siquiera de un día, y que el auto supremo dictado por la Sala Social Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, es un proceso civil y no penal. “Este proceso debería terminar con el pago de lo observado por la compra de vehículos para la Prefectura de ese entonces, pero no vamos a pagar porque no corresponde”.

El abogado dijo que la acusación se basa por un tema de daño económico en la compra de seis vehículos, sin embargo, dijo que no hubo ese daño porque se hizo la compra de vagonetas y los motorizados están en la Gobernación de Cochabamba, por lo cual, no se ha establecido el daño económico.

Muñoz dijo que se espera que la Sala Coactiva enmiende las observaciones técnicas realizadas por Reyes Villa. “Es una consulta a cómo se ha respondido en función a la sentencia constitucional que anula el último auto supremo cuando se trataba de una copia del anterior dictado”.

Dijo que dentro de plazos normales, la respuesta del TSJ debe demorar 10 días, sin embargo “como la Justicia se ha sometido a la política, con seguridad dictará en 24 horas. Ayer presentamos el recurso, nada raro hoy mismo tengamos la respuesta”, dijo.

 Agregó que a partir de esa notificación presentarán un amparo constitucional porque considera que se han vulnerado todos los derechos de Manfred Reyes Villa y que se hizo caso omiso a las cuatro observaciones realizadas por Súmate, entre ellas a la consulta de cómo puede pretender cobrar los 2.3 millones de bolivianos (destinados a la compra de vagonetas en la gestión 2015) cuando estos vehículos han sido utilizados; que ese presupuesto estaba descrito en el Plan Operativo Anual con la partida presupuestaria “maquinaria y equipo”. “Nunca hubo nada específico en el POA que diga que se debía comprar camionetas. El Prefecto podía comprar carretillas, motos o bicicletas, pero se decidió por vagonetas porque asífue el requerimiento del Servicio Departamental de Caminos”.    

La agrupación Súmate dijo que se trata de una persecución política-judicial contra su candidato y anunció que no permitirá la inhabilitación.