La semana pasada el debate político giró en torno al Decreto 4461, que otorga indulto, aparentemente, a miles de personas que sufrieron persecución política durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, así como otras que padecen retardación de justicia y prisión indebida. Para la oposición en la Asamblea Legislativa se trata de una norma de uso político, para favorecer a masistas.

En diciembre de 2020, la elaboración del ya señalado decreto fue un compromiso adoptado por representantes legislativos del MAS con las víctimas de la violencia ejercida entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 por el gobierno transitorio; entonces el Gobierno se comprometió a trabajar en un decreto de amnistía con base en las listas de procesados e investigados por esos hechos. Finalmente, el viernes 12, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por mayoría el Decreto Presidencial 4461 de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”.

Al respecto, la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado afirmó que el decreto era “más político que humanitario”, en referencia a la declaración del presidente de esa Cámara, quien afirmó que entre los más de mil beneficiados por el indulto figura el expresidente Evo Morales. La parlamentaria aseveró que “el Gobierno se está pasando de la raya al favorecer a personas que han cometido delitos en noviembre de 2019, como la quema de buses municipales, disparos a mineros o la quema de viviendas de personas ajenas al MAS”.

Por su parte, el Ministro de Justicia, en entrevista con La Razón Radio explicó que hay diferencia entre el indulto y la amnistía, y que corresponderá a un juez determinar si procede o no; también afirmó que hay diversos recursos disponibles para evitar que un verdadero delincuente se beneficie de la amnistía. Mientras tanto, es evidente que cientos de personas fueron perseguidas y encarceladas solo por sus ideas, en aplicación de la “cacería” que anunció el Ministro de Gobierno del régimen transitorio.

En el camino, una vez más el Ministerio Público queda como el responsable de la retardación de justicia, cuando no como la instancia que impide el acceso a esta. Su oficiosa participación en los arrestos e imputaciones con tipos penales forzados durante el gobierno transitorio melló aún más la imagen que esta institución de defensa de la sociedad ya tenía por lo poco confiable de su actuación en muchos casos.

Queda, asimismo, la evidencia de la depauperación del oficio político, en el que las reacciones epidérmicas, cuando no viscerales, de las y los representantes parlamentarios se repiten una y otra vez en el debate legislativo, inspiradas ora por la impotencia, ora por la prepotencia; dando muestra, además, con ese comportamiento que hay organizaciones políticas que hicieron de la sospecha, el prejuicio y la desinformación los instrumentos de su gestión política.