La opinión pública sobre la justicia boliviana tiene una valoración negativa de las instituciones y las autoridades administradoras de justicia (jueces, fiscales y policías), la ciudadanía mayoritariamente duda de la independencia de los fallos de los administradores y de que hagan su trabajo libre de presiones e interferencias políticas, donde la justicia es una mercancía susceptible de compraventa y, los administradores la subastan al mejor postor.

Desde hace 39 años, a partir de la reapertura democrática boliviana –1982, la justicia es un problema irresuelto. La clase política prometió y terminó engañándonos, con rimbombantes mejoras. La “Democracia Pactada” a través de 5 partidos políticos (MNR, ADN, MIR, CONDEPA y MBL), con la Constitución de 1995, determinaron la despartidización, cualificación técnica, independencia y meritocracia judicial. Nació el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la institucionalización de los vocales de la Corte Nacional Electoral.

Sin embargo, tal institucionalización judicial no logró hacer andar la democracia mucho menos generar confianza ciudadana en la Justicia, toda vez que los gobiernos neoliberales la sometieron mediante intimidación con juicios de responsabilidades (Edgar Oblitas–Ernesto Poppe) a sus administradores y para ejercer un lacerante dominio.

Por su parte, el proceso de cambio masista a través de la Constitución Política de 2009, en materia judicial determino el Pluralismo Jurídico, el Reconocimiento de los Derechos Indígenas y la Justicia Comunitaria, el vocablo Órgano Judicial, la paridad expresada en cuotas de género y plurinacionalidad para ocupar cargos de autoridad judicial y, la elección de magistradas por sufragio universal. Tal elección, en 2011, mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó en una depuración política que validó la selección de militantes del partido de gobierno, que se tradujo en un rotundo rechazo ciudadano y tremendo déficit de legitimidad; donde el desempeño judicial adoleció de publicitados escándalos de corrupción, pugnas de poder, fallos cuestionados (re-re-reelección presidencial) y retardación de justicia.

Prueba de la falta de confianza en la justicia es que los propios dignatarios de Estado (2006-2019) inúmeras veces reconocieron la aguda falencia judicial. Asimismo, el actual presidente de la República, como promesa de campaña, anunció ostentosa reforma judicial de cambiar la forma de elección de los magistrados (se hace por la vía del voto popular, previa lista aprobada por el Legislativo, dominado por el MAS y que, a criterio de juristas, este es el mecanismo del dominio político sobre el sistema judicial). Conformando un Consejo Técnico para tal propósito, bajo el liderazgo del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien hace poco renunció a esa instancia y desnudo el truncamiento de la reforma y la falta de voluntad de sacar las execrables manos políticas sobre la Justicia.

Esta tragedia judicial nos demuestra que, a pesar de sus discursos, a los políticos no les interesa en lo más mínimo deshacerse del incestuoso poder de nombrar jueces, fiscales o policías, a cambio de que ante posibles procesos por actos de corrupción no sean procesados. Muestra de esta nefasta manipulación judicial es que cuando se han dado cambios de gobernantes el sistema judicial inmediatamente ha liberado a sus correligionarios, so pretexto de persecuciones políticas.

Señores políticos y detentadores del poder real para el cambio judicial, si pretenden mostrarnos un mínimo de voluntad de reales cambios en la dependencia, corrupción y profunda crisis del sistema de administración judicial, abandonen sus sórdidas actitudes e incrementen el presupuesto del Órgano Judicial, que solo posee un mezquino 0,39% del presupuesto general del Estado; Paraguay asigna 2%; Honduras 4%, Guatemala 5%. El actual Ministro de Justicia a principio de gestión alardeo de las políticas gubernamentales para mejorar la justicia, empero y en contra sensu, en menos de 90 días redujo los salarios de los Jueces; extremo que se constituye en un palmario caldo de corrupción.

El Órgano Judicial debiera tener independencia económica-presupuestaria y en función a sus requerimientos elaborar su propio presupuesto y que el Ejecutivo lo acatara y remitiera al Legislativo para su aprobación; así, los políticos no pudieran supeditar la justicia a la economía. Finalmente, por mandato del art. 184.6, de la Constitución, dejen de modificar los códigos judiciales al humor político y respeten la competencia del Órgano Judicial de preparar proyectos de leyes del ámbito judicial. Solo así, tendremos una verdadera institucionalidad de los Jueces, Fiscales y policías.