El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció que corresponde un juicio de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Áñez por el crédito que contrajo su gobierno del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que en nueve meses ya derivó en un pago adicional de $us 24,3 millones.

“Sin duda el daño económico es evidente, son $us 24 millones, es bastante”, sostuvo y anunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) interpondrá este proceso.

Para Rodríguez, la responsable de las gestiones y contratación del crédito es Áñez, quien no pudo lograr que la Asamblea Legislativa apruebe en 2020 el crédito de $us 346,7 millones para tareas comprendidas en la lucha contra el COVID-19.

El Banco Central de Bolivia (BCB) devolvió al FMI el crédito de $us 346,7 millones tramitado por el gobierno Áñez y anunció el inicio de procesos administrativos, civiles y penales a los actuales y exservidores públicos que participaron de la negociación y suscripción del financiamiento.

En abril de 2020 se conoció de la “asistencia financiera” aprobada por el organismo financiero “para ayudar al país a enfrentar necesidades de balanza de pagos derivada de la COVID-19, respaldar los gastos médicos necesarios y medidas de ayuda para proteger el bienestar de la población”.

Áñez retomó contactos con el FMI, luego que el gobierno del expresidente Evo Morales, en sus casi 10 años de administración, decidiera romper con las políticas que traza el organismo internacional, al que acusó en reiteradas ocasiones de imponer políticas en desmedro de las grandes mayorías.

Los trámites para acceder al crédito fueron iniciados en la gestión del exministro de Economía José Luis Parada.

El crédito, que no fue aprobado en la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, fue “gestionado irregularmente”, pero además es “oneroso por las condiciones financieras” ya que hasta febrero representó $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses, según el BCB.

Áñez actualmente es candidata a la gobernación de Beni. Un informe legislativo de 2020 sugirió un juicio de responsabilidades contra la expresidenta por la violencia y muerte en Sacaba y Senkata, en medio de operativos policiales-militares dispuestos para restablecer el orden.