La decisión de la Sala Social Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de denegar el recurso de casación interpuesto por el exprefecto de Cochabamba y candidato a la alcaldía por la alianza Súmate, Manfred Reyes Villa, y ejecutoriar la sentencia de siete meses que se dictó en su contra en 2015, pone en la cuerda floja su participación en las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

Por este mismo caso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en principio lo inhabilitó y luego dio curso a su participación, ahora lo notificó con la revisión extraordinaria de la medida y tiene 72 horas para responder.

Para Reyes Villa son dos nuevos intentos por “sacarlo” de la contienda electoral, lo que sería una “agresión a Cochabamba” por parte del partido en función de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), del cual dijo que presiona a las autoridades judiciales y muestra su desesperación tras evidenciar el apoyo significativo que alcanzó. Aseguró que sigue habilitado y en carrera política.

Según las encuestas, tiene el 39% de preferencia, por encima del postulante del MAS, Nelson Cox, que alcanza al 12%.

ARGUMENTOS De acuerdo con el numeral 2 del artículo 28 de la Constitución Política del Estado, “el ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos: previa sentencia ejecutoriada, mientras la pena no haya sido cumplida; y por defraudación de recursos públicos”, lo cual lo dejaría fuera de la carrera electoral.

Aunque los meses de su condena no implican privación de libertad, el fallo en su contra lo inhabilitaría porque uno de los requisitos para ser candidato es no tener cuentas pendientes ni procesos ejecutoriados en la Justicia. 

El exprefecto de Cochabamba fue sentenciado a siete meses de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes en el caso de la compra de seis vagonetas de lujo en 2006, de la marca Toyota Land Cruiser. No obstante, el acusado apeló el fallo porque los vehículos estaban en manos de la Gobernación de Cochabamba y no podía pagar el costo de los carros cuando éstos eran utilizados en esa repartición.

El magistrado Antonio Revilla, uno de los que emitió la resolución aclaró que el TSJ no se pronuncia sobre la inhabilitación y que esa decisión le corresponde al TSE.

Dijo también que se trata de un proceso coactivo civil, que establece presuntas responsabilidades civiles, pero no es un proceso penal.

Agregó que el proceso fue resuelto el año 2016 con el pronunciamiento por anteriores magistrados. 

“Hemos tomado conocimiento del proceso por el coactivado que ha pedido una certificación de la inexistencia de un auto supremo. Se certificó conforme a derecho y luego vinieron a apersonarse otros sujetos procesales como la Contraloría y el Ministerio de Justicia y obviamente lo que hemos hecho es resolver el proceso en los términos que manda la sentencia constitucional”, sostuvo.

Tras el fallo, el vocero de la agrupación Súmate, Mauricio Muñoz indicó que continúan en carrera hasta que el pliego de cargo ejecutoriado llegue a manos de las autoridades judiciales y también a conocimiento del TSE, aunque anunció a radio Panamericana que “pelearán” por la candidatura.

Reyes Villa aseguró que uno de los magistrados del TSJ confirmó que estaba recibiendo mucha presión política.