El primero en ser apartado de su cargo fue José María Leyes de la capital cochabambina, tras la denuncia de un presunto sobreprecio de 11 millones de bolivianos en la adquisición de 91.000 mochilas escolares de procedencia china.
Fue cautelado preventivamente en su domicilio y está impedido de acercarcarse a las instalciones y tomar contacto con los funcionarios municipales en tanto dure la investigación, además corre el riesgo de ser enviado a una cárcel pública por la adquisición de mochilas en el 2017, también con sobreprecio y de la misma importadora. Ayer fue suspendida su audiencia cautelar para el lunes, ya que se presentó con una mascarilla de oxígeno y tuvo inconvenientes en ponerse de pie. 
En su lugar, fue posesionada interinamente, el 4 de mayo, la concejal Karen Suárez, de su mismo partido.

LIBRETA MILITAR
El segundo caso, es el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, que ayer fue suspendido de sus funciones, mediante una resolución del juez de Sentencia Primero de Quillacollo, Elvis Isaac López, porque la autoridad edil ya tiene pliego acusatorio y sentencia condenatoria de tres años y seis meses por la presunta falsificación del certificado de su libreta militar.
La denuncia de incumplimiento de sentencia fue presentada por el ciudadano Álvaro Zamorano.
“Esta resolución les da facultades a los once concejales para elegir una nueva autoridad en sesión”, indicó Mérida tras conocer el fallo.
Por su parte el presidente del legislativo municipal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Osinaga, adelantó que en próximas horas sesionarán para analizar la determinación.