La defensa de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cuatro departamentos considera que la Ley de Indulto y Amnistía debe extinguir el proceso penal que pesa contra ellos porque no existen indicios de culpabilidad y es un caso de tinte político. 

Los exvocales de los tribunales electorales departamentales de La Paz, Santa Cruz, Beni y Tarija fueron sobreseídos de las investigaciones que realizó el Ministerio Público por las irregularidades en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

El jueves, la Fiscalía de Tarija emitió una resolución mediante la cual absuelve de culpabilidad al expresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Gustavo Ávila, y los exvocales Alicia Durán, Zulma Sánchez, Amílcar Gareca, Fermín Rojas y Patricia Aráoz.

“El Ministerio Público dispone el sobreseimiento en favor de los imputados, Alicia Durán Gorena, Zulma Yovana Sánchez, Gustavo Antonio Ávila, Yoni Amílcar Gareca, Fermín David Rojas y Patricia Aráoz Michel, por la presunta comisión de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, delitos electorales, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración u ocultación de resultados y encubrimiento”, señala el fallo.

Los procesos se iniciaron tras la publicación del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre presuntas irregularidades dolosas en las elecciones de 2019. La Fiscalía inició una investigación de oficio en cada uno de los tribunales departamentales y, por separado, en el TSE. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional elevó el viernes a rango de ley el decreto presidencial de indulto y amnistía en una sesión sin debate y en la que no se permitió intervenir a las bancadas de oposición. 

REQUISITOS Y OBSERVACIONES

La ley de amnistía establece como requisito que el beneficiario acredite que no tiene sentencia alguna sobre las denuncias que pesan en su contra. 

Para el indulto, cuyo alcance se extiende a detenidos por delitos comunes con enfermedades terminales, se exige un detalle de condenas y procesos vigentes. El propósito es descongestionar las cárceles por la pandemia. 

Las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos anunciaron que interpondrán un recurso legal en contra de la ley de amnistía e indulto. En tanto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) prevé pedir la salida del grupo de la CIDH que investiga la crisis de 2019.