Después de un año y medio y luego de que el pueblo boliviano haya dictado su particular sentencia sobre lo sucedido en octubre de 2019 dando una abrumadora victoria al Movimiento Al Socialismo encabezado por Luis Arce en octubre de 2020, la Fiscalía ha dictado el sobreseimiento en la causa y así lo ha remitido al Tribunal de Justicia para que cierre el expediente.

Los argumentos son los mismos que ya se han utilizado en otros departamentos y que también hacen a la causa nacional. El supuesto “fraude” operado en la elección de 2019 - que finalmente fue anulada por Ley tras la asunción de Jeanine Áñez, pero sobre la que Evo Morales ya había expresado la voluntad de anular horas antes de su renuncia – no ha logrado sustento jurídico. Y cabe señalar muy específicamente que no solo no la ha encontrado en los cuatro meses del Gobierno de Arce, sino en el año completo de Gobierno de Jeanine Áñez bajo intensas presiones políticas, y que incluso el informe de la Organización de Estados Americanos sigue siendo poco concluyente.

Las resoluciones judiciales y fiscales van dejando claro que lo que sucedió en octubre de 2019 fueron hechos políticos que desencadenaron en la renuncia de Evo Morales, si bien es probable que alguno de ellos tenga consecuencias. Con todo, lo que deja en claro la resolución de sobreseimiento es que en Tarija no hubo absolutamente nada observable, como ya había quedado claro en la observación del conteo y los resultados finales.

Tarija fue uno de los primeros departamentos en cerrar el cómputo, anticipándose a los conflictos desatados en las puertas de las Tribunales Electorales, aunque el centro de cómputo se había instalado en el hotel Los Ceibos. Carlos Mesa había ganado la elección con un 42% de los votos mientras el MAS se había quedado en el 40% después de haber arrasado con el 51% tanto en 2014 como en 2009. Los días posteriores al cierre del cómputo transcurrieron con normalidad, entre bloqueos, y no fue hasta el 10 de noviembre, cuando Evo Morales renunció, que se puso en entredicho el resultado en Tarija sin ningún sustento, como evidencia la resolución fiscal y la incapacidad de los denunciantes de mostrar algo distinto a pesar de haber tomado el control de la entidad.

Lo que deja en claro la resolución de sobreseimiento es que en Tarija no hubo absolutamente nada observable, como ya había quedado claro en la observación del conteo y los resultados finales.

La cuestión es que aquellos procedimientos tuvieron consecuencias, se nombró a un nuevo Tribunal Departamental Electoral mientras se defenestraba y perseguía al anterior, cuyos miembros tuvieron que guardar prisión domiciliaria e incluso se intentó silenciar y coartar el derecho al trabajo por todos los medios posibles.

En los próximos días asistiremos seguramente a una necesaria demanda de restauración de derechos y honor en el plano personal, pero también en el nivel institucional, el Tribunal Electoral Departamental debe ser restituido al orden institucional de acuerdo a la norma, y nadie que haya entrado por la ventana debe permanecer en él.