La decisión de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz de denegar la Acción Popular presentada con el propósito de postergar las elecciones subnacionales del 7 de marzo confirma que ese día, más de siete millones de electores acudiremos a las urnas para elegir a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.

El intento de conseguir que se suspendan los comicios de manera temporal estaba sustentado por el argumento de que “se debería privilegiar el derecho a la salud y a la vida de los bolivianos”, y que la realización de las elecciones, en plena segunda ola de la pandemia de Covid, se constituye en un riesgo mayor para los contagios.

Y ese riesgo existe, es evidente, pero no en un grado excepcionalmente elevado el día de las elecciones, como pudo constatarse en octubre de 2020. Aunque entonces el número de contagios diarios era sensiblemente inferior al actual, no se constató una relación entre el incremento de nuevos casos y la votación.

Pero el riesgo real y excepcionalmente elevado está y estará presente durante las tres semanas que nos separan del fin de las campañas electorales, según lo establece el calendario electoral.

Tres semanas en las que proclamaciones, fiestas, caravanas en vehículos, caminatas, visitas de puerta a puerta, concentraciones masivas y otras con grupos más pequeños se intensificarán cada día. Y en todos esos actos, donde se observa que un 80% de las personas “lleva barbijo”, como lo constata una periodista de Los Tiempos el mayor factor de riesgo de contagio es la imposibilidad de mantener el distanciamiento físico entre los asistentes, así lo reconocen algunos de los candidatos,

Hace casi tres semanas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) propuso un acuerdo para que las organizaciones políticas realicen campañas electorales seguras, con caravanas de vehículos y un límite de personas con el fin de reducir las posibilidades de contagio. “Los partidos (y organizaciones) políticos pequeños, sin muchas perspectivas de lograr buenos resultados, aceptaron la propuesta. A los grandes no les importó”, comenta la periodista mencionada.

Todos los Tribunales Electorales Departamentales, lo mismo que ciertas alcaldías, instaron a las organizaciones políticas a realizar campañas seguras. Pero sin coerción posible, eso no ocurre como puede constatarlo cualquier ciudadano, personalmente o por la televisión.

Y las campañas son inseguras como lo evidencia la media docena de candidatos fallecidos en las últimas semanas a consecuencia de la Covid-19, y los casos de postulantes que se contagiaron y sobrevivieron. Las muertes y contagios, por la misma causa, de militantes y simpatizantes no son una categoría en los registros sanitarios, pero seguro que existen.

Ayer, el presidente del TSE dijo que “Hay una cuota de responsabilidad de la ciudadanía, que debe cumplir con las medidas de seguridad” el día de la votación. Esa cuota de responsabilidad es, quizás, más necesaria en las tres semanas que aún quedan de campaña electoral.