El problema es cada vez mayor si se tiene en cuenta que todo señala la posibilidad de que el gobierno habría recurrido a este extremo con la finalidad de “inhabilitar” a posibles candidatos para las elecciones del año próximo. En muchos de ellos existe preocupación por el hecho de que sufren una especie de persecución por una “justicia instrumentalizada con miras a dañar la imagen de los enjuiciados”. Esta situación implicaría que el único partido que no confronta este tipo de problemas sería el MAS, partido del gobierno y se “presentaría ante sus posibles electores como los únicos virtuosos de una campaña política con miras al proceso electoral” (ED 28-5-18).

Para la población existe el sentimiento, desde hace muchos años, de incredulidad y, en la mayor parte, se atribuye a que dichos procesos judiciales se llevarían a cabo con miras a desprestigiar a quienes podrían ser rivales de la candidatura oficialista que no reconoce los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y trata, por “obra y gracia de los juicios”, de demostrar cierta “inmacularidad” del que sería único candidato, que busca prorrogarse en la presidencia de la república.

El gobierno, en 12 años, ha proclamado su respeto a los preceptos constitucionales; ha dicho también que “no puede haber ni hay discriminación alguna”; ha sostenido que la oposición, conforme a los preceptos constitucionales, tiene el derecho a hacer política y, como tal, a presentar sus propios candidatos en cualquier proceso eleccionario. Declaraciones de este tipo han sido muchas; pero, lamentablemente, en el sentir de la mayoría del pueblo, los hechos muestran conductas muy diferentes y que contradicen totalmente esas declaraciones que parecen respetar los principios democráticos y no es así, porque ante la instauración de juicios, sin que hayan sido presentadas las pruebas debidas por delitos o faltas cometidas, nadie cree en la veracidad de tales procesos.

Muchas veces, acciones de este tipo ha sido calificadas como “fiscalatos”, aduciendo que tan solo los fiscales tendrían autoridad, según los procedimientos, a actuar discrecionalmente contra quienes cree el gobierno que son culpables de delitos o faltas que merecen juicios penales. Un principio democrático obliga a respetar la palabra empeñada por parte del gobierno, en sentido de velar por la institucionalidad y no actuar discrecionalmente contra los derechos ajenos, así sean opositores que actúan con justo derecho.