El inicio de la Asamblea Constituyente en 2006 fue la demostración de la voluntad del entonces flamante gobierno de transformar de raíz las relaciones en el Estado boliviano; y fue prueba de la imperiosa necesidad de esta transformación el que las fuerzas opositoras, minoritarias, pero con presencia y recursos, interpusieron cuanto obstáculo pudieron para impedir el inicio de las deliberaciones: siete meses tomó acordar y aprobar únicamente el Reglamento de Debates.

Una vez superado ese escollo, el trabajo de deliberación y redacción del nuevo texto constitucional no fue menos conflictivo. Si bien hubo acuerdos relativamente rápidos en algunas de las comisiones de trabajo, otras parecían no lograr avance alguno a pesar de la urgencia que crecía con la proximidad del plazo final; era evidente que los grupos opositores no descansarían hasta descarrilar el proceso o al menos introducir un texto favorable a sus intereses.

El proceso estuvo a punto de fracasar en noviembre de 2007, cuando después de meses de creciente violencia racista en la capital del país el documento fue aprobado en su estación “en grande” en un cuartel militar, donde las y los asambleístas se refugiaron para huir de la agresividad de grupos organizados y pagados que intentaron por todos los medios impedir el final de la Asamblea. La aprobación del documento “en detalle” ocurrió semanas después en Oruro, y tomó casi un año acordar la aprobación final con grupos opositores y sociedad civil.

Hoy, más de una década después, es evidente que la Constitución Política del Estado que entró en plena vigencia el lunes 9 de febrero de 2009 es un patrimonio para las y los bolivianos de todas las etnias y clases sociales, que defienden, cada cual desde su marco de referencia e intereses, las prescripciones que contiene. Asimismo, el gobierno que había impulsado el proceso constituyente bien pronto descubrió que su producto significaba nuevas y (casi) insalvables restricciones en muchos ámbitos.

La aguda crisis del sistema judicial boliviano, agravada por la inédita decisión del constituyente de elegir magistrados por votación popular, es hoy el motivo para que se proponga “abrir” el texto constitucional para modificaciones, lo cual, han advertido algunos expertos, puede ser peligroso porque implicará revisar acuerdos y consensos construidos con muchísimo trabajo hace más de una década. Sin embargo, es necesario reconocer que el texto es perfectible, y que de un modo u otro se hará necesario mejorar y actualizar la Constitución a lo largo del tiempo.