Si hay un acuerdo ampliamente mayoritario en el país es respecto a la crisis del sistema de administración de justicia. Es una crisis deplorable. Cierto que no es algo reciente, pero tiene nuevos componentes asociados a la elección directa, por votación popular, de sus más altas autoridades. Pese a sucesivos intentos de reforma, entre ellos el resultante del proceso constituyente, persiste la sensación de un sistema que administra injusticia y responde más a intereses que a normas y principios.

A fines del año pasado, el titular de Justicia, Iván Lima, realizó varios anuncios importantes. Se conformó un prometedor consejo asesor con personalidades en la materia. Se planteó la posibilidad de hacer un referéndum constitucional junto con las elecciones subnacionales de marzo de este año. Se identificó un paquete de cinco leyes que serían enviadas a la Asamblea para su consideración. Se anticipó la reforma del Consejo de la Magistratura previa renuncia, bajo amenaza, de sus autoridades.

Todo ello ha quedado en suspenso. De entrada, debido a plazos y procedimientos, no era posible realizar tan pronto un referéndum de reforma parcial de la Constitución. Pero, además, como limitación de fondo, no parece haber acuerdo ni menos convicción para eliminar la elección popular de las cabezas del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, suprimir el Tribunal Agroambiental y modificar a fondo el Consejo de la Magistratura. La reforma constitucional, si acaso, tendrá que esperar.

En todo caso, la necesaria reforma del sistema de administración de justicia no pasa solamente ni está supeditada a modificaciones en la Constitución Política. Hay varios cambios, sustantivos, que pueden hacerse por otras vías normativas y de gestión. Incluso la misma elección directa de autoridades, prevista para 2023, puede mejorar significativamente en su legitimidad si se ajusta el procedimiento de preselección de postulantes. El Consejo Consultivo de Asesoramiento tiene mucha tarea propositiva.

Pero más allá de las buenas intenciones y sus estancamientos, la imprescindible reforma judicial solo será posible si cumple al menos tres requisitos. El primero es que sea obra no de un grupo de especialistas, sino de un amplio proceso de análisis y deliberación pública con participación ciudadana. El segundo requisito es que derive de acuerdos, no de imposiciones. Y el tercero es que sea una reforma integral y duradera, no provisoria ni de solo parches. El tema sigue en primera línea en la agenda nacional.