Con la segunda vuelta para algunas gobernaciones concluye en abril el actual mega-ciclo-electoral en Bolivia. Se trata de un ciclo no solo largo, sino intenso. Comenzó en rigor en octubre de 2018 con la convocatoria a primarias para binomios presidenciales. Siguió con las fallidas elecciones generales 2019. Tuvo un hito en los comicios 2020. Y remata con las subnacionales 2021.

Pero los antecedentes cuentan: referéndum autonómico 2015, referéndum constitucional 2016 y elecciones judiciales 2017. Cuentan en especial porque implicaron tres derrotas consecutivas para el oficialismo. No se aprobaron estatutos en cinco departamentos, se rechazó la reforma constitucional sobre la reelección y se eligieron con débil legitimidad altas autoridades judiciales/constitucionales.

Siete procesos, algunos inéditos, en siete años. No es poca cosa. Se puede debatir ampliamente sobre cada uno de ellos, así como respecto a la deriva autoritaria de la crisis político-institucional y sus “narrativas”. A reserva de dicha conversación, me gustaría explorar qué nos deja este megaciclo. Enumero unos cuantos andamios:

1). Transición de un sistema de partido predominante (el MAS-IPSP) a un sistema, todavía esquivo/difuso, de pluralismo que, en principio, tiende a ser más moderado que polarizado. 2) Desplazamiento forzado de la arena electoral de un actor núcleo: Evo Morales, con el consiguiente reto, complejo, de proyectar el posevismo y, en general, la renovación de liderazgos. 3) Desplome del factor “reelección indefinida”, que puso en tensión el proceso (pos)constituyente y hasta la propia democracia, para la postulación de candidaturas en todos los niveles. 4) Reafirmación de las urnas —no los cuarteles, no la Biblia— como mecanismo para superar (o al menos atenuar) situaciones de crisis y definir pacíficamente la disputa por el poder político. 5) Necesidad de fortalecer-blindar la autoridad y legitimidad del cuerpo electoral, allende las personas, en su calidad de órgano del poder público en el horizonte de la democracia intercultural. 6) Apremio de amplia deliberación pública para impulsar un proceso de reforma que incluya las leyes del órgano y del régimen electoral, así como la normativa sobre organizaciones políticas. 7) Necesidad principista de que todos los actores relevantes acepten el resultado de la votación, sin monumental regateo, con la premisa de procesos electorales transparentes, plurales y competitivos.

Así pues, el mega-ciclo-electoral nos convoca a evaluar y debatir sin demora sus efectos e implicaciones. Hay tiempo razonable para ello. Que los comicios 2025, elogio del Bicentenario, nos encuentren renovados y radicalmente demócratas.