El año de la pandemia no solo golpeó la salud y la economía de la humanidad, también el sistema de gobierno que prevalece en la mayor parte de los países. Esa es la conclusión de la unidad de investigación de The Economist, uno de los más prestigiosos medios del Reino Unido y del mundo. 

Las cuarentenas, acompañadas de toques de queda, la imposición de restricciones para evitar la propagación del coronavirus y la casi nula tolerancia del poder a las voces de los medios de comunicación y grupos de activistas fueron los indicadores de que se optó por la restricción de las libertades civiles con tal de precautelar la salud.

Ninguno de los 165 estados medidos logra puntaje pleno, pero los que mejor se ubican son Irlanda, Australia y Holanda. De América Latina destacan Uruguay y Chile. En cambio, Irán es donde peor van las cosas a escala mundial, mientras que en América Latina los países con menos puntuación son Bolivia, Guatemala, Haití, Cuba y Venezuela, donde no se considera que haya democracia sino regímenes híbridos: gobiernos que también tienen rasgos de autoritarismo.

El informe de The Economist señala que menos de la mitad de la población (49,4%) vive en democracia y solo el 8,4% lo hace en una democracia plena. Un tercio del planeta vive en regímenes autoritarios y el resto en sistemas híbridos. 

Es en esta última categoría se encuentra Bolivia, país que también tuvo un retroceso y del que el informe indica textualmente que “hubo aumento de conductas antidemocráticas”. No es para menos, en 2020 se anularon las elecciones porque hubo manipulación del sistema de cómputo, que fue puesta en evidencia por los observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Es precisamente la libertad para ejercer el voto una de las categorías que mide esta investigación.

Tras el proceso electoral fallido hubo protestas, quema de ánforas, incendios en casas de civiles, enfrentamientos y luto en el país. Pero estos golpes al sistema político fueron detectados por The Economist desde mucho antes. Ya en 2017, Bolivia se consideraba un régimen híbrido y tenía una baja puntuación. Ese año se había producido el fallo del Tribunal Constitucional que avalaba una cuarta candidatura de Evo Morales a la Presidencia, desconociendo el voto popular que había rechazado esa posibilidad.

Si bien el informe remarca que la pandemia fue determinante para el deterioro de la democracia en el mundo, no se debe olvidar que en Bolivia hay pasos urgentes que trasncienden la emergencia sanitaria y que se deben dar para garantizar las libertades y el respeto por el sistema democrático que se recuperó en 1982 después de mucha sangre derramada. Uno de los primeros es el respeto a la institucionalidad e independencia de poderes; es decir que se acabe esa tentación de querer controlarlo todo: justicia, contraloría, defensoría del pueblo, etc.; que la transparencia gane terreno y se terminen las actuaciones para satisfacer los intereses de los mandantes de turno.

Hay quienes dicen que nadie cede el poder que tiene. Y es ante esa actitud que ha sido la sociedad civil la que ha luchado por recuperar los valores de la democracia. Lo ha hecho sin partidos al ver que el oficialismo alimentaba ese poder y la oposición no reaccionaba o era funcional al mismo. 

Es el ciudadano el guardián de sus propias garantías constitucionales. Pero eso da como resultado enfrentamiento y división. En todo caso, será mejor que sea el Estado el que coadyuve a recuperar la calidad de la democracia, a fin de que la clase política no cometa los mismos errores y termine censurada por el pueblo.