Tarqui, con reportes en la mano de la Dirección de Asuntos Legales del municipio alteño señaló que Maquera tiene al menos cuatro procesos en su contra que datan desde el año 2017 los mismos que están paralizados, uno de los más relevantes está relacionado a la adquisición de los buses municipales en la gestión de Edgar Patana conocidos como Sariri que en el periodo de Soledad Chapetón fueron rebautizados como Wayna Bus.

“Es un proceso de licitación irregular por la compra de los buses Sariri. Hubo una empresa que en una primera instancia se ha adjudicado la compra de los buses en la gestión del alcalde  Edgar Patana en la que don Zacarías Maquera era presidente del Concejo Municipal”, dijo.

Maquera, según Tarqui, es acusado por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, al margen de esa exautoridad el proceso involucra a otros ex concejales y ex funcionarios municipales. “El señor Ernesto Machicado estaba muy relacionado, era funcionario público de la Unidad de Transporte de la gestión de Edgar Patana”, dijo.

Machicado Clavijo fue recientemente posesionado por la ministra de Culturas, Sabina Orellana, como Director General de Patrimonio Cultural.

El proceso por la compra, presuntamente irregular de los buses de transporte municipal fue iniciado en junio de 2017. En él se observa que pese a haber existido una empresa ofertante con precios más económicos se dejó sin efecto la primera licitación pública para en una segunda, favorecer a una empresa que vendió los motorizados a un costo mucho mayor.

IMPUTACIÓN

Desde la Dirección General de Asuntos Legales (DGAL) del municipio, el titular de esa cartera Jerald Quisberth señaló que el proceso a la fecha está en etapa de investigación, pese a haber transcurrido más de tres años y medio, empero el Ministerio Público emitió imputaciones dentro de este caso.

“En este proceso de investigación se ha conocido que Zacarías Maquera, en ese entonces concejal municipal de El Alto, y otros concejales a la fecha tienen una situación jurídica de imputados, este proceso penal todavía se encuentra en etapa preparatoria de investigación”, dijo.

El funcionario municipal agregó que después del inicio del proceso se fue ampliando la denuncia en contra de otras personas lo que provocó una extensión de los plazos procesales y a la fecha existen al menos 15 personas que afrontan la denuncia.

AUDIENCIA DE PERITAJE

Este próximo lunes 8 de febrero, a las 10:00 se tiene previsto realizar una audiencia de peritaje a uno de los buses que está precintado por el Ministerio Público desde el inicio de la denuncia. “Para esta audiencia de peritaje lógicamente se van a hacer presentes todas las partes procesales, imputados, denunciados y partes querellantes entre ellos la Contraloría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto”, puntualizó Quisberth.

El jurista agregó que una vez cumplidos los actos procesales, el fiscal a cargo podría emitir una resolución de acusación formal o de sobreseimiento y notificar a las partes, en caso de que los denunciados sean absueltos el querellante (GAMEA) tiene el plazo de 10 días para plantear la acusación particular.

“Si esa es la condición, como institución tendríamos que plantear la acusación particular y posterior a ello se tendría -a partir de un tribunal de sentencia anticorrupción en instancia judicial- señalarse el inicio del juicio oral el mismo tiene que ser de acuerdo a la norma de carácter continuo e ininterrumpido”, puntualizó Quisberth.

En el caso de la autorización para la compra de los buses Sariri los concejales de ese entonces no habrían respaldado con informes técnicos su oposición a la primera licitación y optaron por aprobar una segunda, donde el costo de los motorizados fue mayor.

OTROS PROCESOS

Contra el exalcalde Zacarías Maquera existen otros procesos, según el concejal Tarqui, de menor relevancia, empero que están vigentes, entre ellos la autorización de inicio de obras sin licitación y solo de carácter verbal, emisión de reglamento de administración de recursos económicos de servicios de salud, ocasionando dilación para la adquisición de medicamentos y otro relacionado al delito de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.