Los exvocales beneficiados con la resolución fiscal son: Rodolfo Coímbra, Carmen Nelly Tineo, Paulita Arancibia, María Fernanda Moreno y Humberto Parari, quienes en noviembre del año pasado fueron imputados por el Ministerio Público por los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado y beneficios en función del cargo.

“Al no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘in dubio pro reo’, siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solo es acusar sino eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como es en el presente caso de autos”, argumenta la resolución fiscal.

La determinación del Ministerio Público coincide con las asumidas por las fiscalías de La Paz y Santa Cruz. En el caso de la sede de gobierno los eximidos fueron Marianela Revollo (+), Freddy Cayo, Florencia Laruta, Juan Pablo Torrez y Antonio Condori.

En la capital oriental los eximidos de culpa fueron Sandra Kettels, Eulogio Núñez, Ramiro Vall y Gober López, además del exdirector del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Jhoseph Pinaya, y los exfuncionarios públicos de esa instancia, Saúl Vargas y Miguel Ángel Vargas.

“FRAUDE MONUMENTAL. Van 3 (La Paz, Santa Cruz) y ahora Beni, el Ministerio Público decreto el SOBRESEIMIENTO de los Vocales del Tribunal Departamental del Beni.  Esperemos que los 6 Departamentos DECIDAN con base en la objetividad e independencia. Justicia que tarda no es justicia (sic)”, escribió el ministro de Justicia, Iván Lima, en su cuenta de Twitter.

En declaraciones pasadas, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que en Bolivia no hubo fraude electoral en los comicios registrados en octubre de 2019, sino una distorsión de la realidad propiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por una serie de actores en el país para la consolidación del golpe de Estado.