Es lo que sucede –con muy fanático parecer por parte de la mayoría de la clase política– cuando en Bolivia se menciona el concepto democracia, ya que el imaginario colectivo común asume por lo general tres posturas ante esta noción: a) “No me importismo”, vinculado al ciudadano que tiene una circunspección extremadamente limitada y se concreta a vivir su día a día, ajeno a la dinámica política y más cercano a la sobrevivencia económica, por lo que la democracia le suena a justificación política de quienes detentan el poder; b) “Pragmatismo politiquero”, vinculado a mimetizar intereses en torno a lo que representa la democracia, la cual es usada como concepción para medir intencionalidades de uno u otro politiquero, llegando a enarbolar la palabra para dividir eras, gestiones y periodos de lo que se considera desarrollo para el gobernante de turno o retroceso para el mismo cuando quiere evidenciar su ausencia de trabajo en un área estratégica. Por último, c) “Academicismo ilustrado”, emparentado a ese pequeño círculo de intelectuales, profesores universitarios y estudiosos en general, que pueden dar variados conceptos de democracia, que incluso se vinculan con realidades ajenas a la boliviana, a pesar de que la pluralidad de concepciones, no encuentran la canalización correspondiente para contagiar su perfeccionamiento y asimilación en el común social boliviano, quedando en una esfera muy reducida la comprensión cabal de lo que la democracia realmente es.

De este modo, cuando se presenta a la luz del ordenamiento jurídico el D.S. N° 4459 que declara el 18 de octubre de cada año, como “Día de la recuperación de la democracia intercultural ”y atendemos al objeto del mismo en su único artículo, caemos en cuenta de los propósitos instrumentales antes que de orden ejecutivo-jurídico –que es para lo que debería ser promulgado un decreto supremo– por lo que declarar “Día de la recuperación de la democracia…” al día en el que sucedió la victoria electoral que la gestión de gobierno actual festeja es tan surrealista como intrascendente. Es algo comparable con el afamado D.S. N° 0405, el cual instituye el “Día del Estado Plurinacional”, “en honor” a la victoria electoral del expresidente Morales Ayma el 18 de diciembre de 2005, que, según determina el mismo, da inicio a la Revolución Democrática y Cultural, al mismo tiempo que se inaugura su primera gestión a partir del 22 de enero de 2006.

Esas excesivas formas de reconocer triunfos electorales y formalizarlos en decretos supremos, que son actos ejecutivos de responsabilidad de quienes lo firman –Presidente y ministros– no hacen sino desnudar la ignorancia sobre qué significa gobernar, y también una mezquina percepción sobre la esencia de la vida en común: la democracia.

Escuchamos declaraciones que defienden o atacan al reciente decreto supremo (N°4459), no obstante, nadie menciona un error conceptual insoslayable que posee dicha medida: se menciona la “democracia intercultural” y esa sería la que se habría recuperado con el palmarés electoral del pasado 20 de octubre de 2020, pero ese tipo de democracia es reconocida en la legislación electoral, no en la Constitución Política del Estado, al menos no como calificativo de democracia. Concretamente el artículo 7 de la Ley N° 026 de Régimen Electoral, reconoce como uno de los tipos democráticos la versión intercultural.

Como puede verificarse, se plantean recuperaciones de algo que ni se conoce bien, partiendo de la misma idea de democracia o sus elementos quedándonos entre el “no me importismo” y el pragmatismo politiquero. Pero, no es ello lo preocupante sino la construcción de verdades artificiales a partir de instrumentos normativos, lo que genera una incultura plena en la ciudadanía y exacerba el fanatismo de los adláteres de la línea gubernamental actual.

Se extraña la visión crítica de los denominados académicos, el desprendimiento de politiqueros de turno y sobre todo de la ciudadanía en general que se apresta a decidir quiénes dirigirán los destinos subnacionales a partir de marzo. Ni qué decir de las autoridades subnacionales o los candidatos en estas elecciones próximas, quienes ni se mosquean cuando el mencionado decreto establece también una orden para las entidades territoriales autónomas: la de promover y organizar actividades de celebración a propósito “del restablecimiento y conservación de la institucionalidad democrática intercultural”. Disposiciones que no tienen asidero en el modelo autonómico boliviano y que nacen desprovistas de sentido común, del espíritu de la verdadera gestión pública y el compromiso con temas relevantes.

Por eso, la democracia no se perdió ni se recuperó con un proceso electoral, esas son disertaciones interesadas de una parte y de otra. La democracia debe construirse y eso es lo que no se hizo, ni se está haciendo. Esos decretos son solamente ficciones discursivas que marean o generan repulsión en la población boliviana.

La democracia se la debe buscar, y construir, en nuestro hábitos, conducta y decisiones particulares, no solamente en las decisiones ejecutivas de un gobernante de turno. Lastimosamente se sigue forjando una cultura leguleyesca.