Leyes está suspendido de sus funciones, sin goce de haberes, desde el 20 de octubre del año pasado, en aplicación de seis resoluciones que imponen esa sanción y cuyo cumplimiento sobrepasa con varios días la fecha del final de su mandato, prolongado por causa de la pandemia, y la posesión del nuevo alcalde electo en los comicios del mes de marzo próximo. Además, el alcalde sancionado tiene pendientes otras denuncias en la Comisión de ética del concejo de Cochabamba.

Esos temas pendientes son similares a los que motivaron las sanciones que lo suspendieron: incumplimiento de resoluciones municipales. Es decir, instrucciones que la ley lo obliga a cumplir, pero que no cumplió, por ejemplo, conminaciones a informar acerca de cómo gastó los recursos económicos que su administración recibió para ejecutar acciones contra la propagación de la pandemia.

En ese contexto, y aunque la última ocurrencia de Leyes es del todo coherente con su accionar desde que asumió las funciones de alcalde, parece inevitable preguntarse ¿qué pretende con su reciente recurso judicial, considerando que las sanciones administrativas que lo suspendieron de su cargo son solo la punta del iceberg del cúmulo de denuncias y juicios penales, y de otro tipo, que ha acumulado en el ejercicio de su mandato?

Más aún cuando ya no existe la confianza ciudadana, de la que gozó al ser electo con el 56% de los votos en 2015. Asumió el cargo de alcalde el 1 de junio de ese año y seis meses después comenzó el descalabro de esa confianza, con el caso de la aprobación de un permiso para construir un centro comercial en un área verde. Como esa, una parte de todas las denuncias contra Leyes se perdieron de la atención pública hasta que, en abril de 2018, estalló el escándalo de la compra de decenas de miles de mochilas para escolares, más de tres meses antes de que se emitiera la convocatoria pública de rigor para esa adquisición.

Aquello desató una seguidilla de juicios e investigaciones penales por una lista extensa de delitos: sobreprecios en adquisiciones, entrega simulada de vehículos a la Policía, designación ilegal de funcionarios municipales, malversación de fondos, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, estafa a un particular, etcétera. Y poco antes de ser suspendido intentó imponer un millonario contrato irregular para un nuevo botadero de basura y otro para la construcción de una nueva terminal de buse