David E.M.B, uno de los jóvenes que recibió el disparo de balín, acudió a la Estación Policial Integral (EPI) 3 para sentar la acusación por lesiones graves y gravísimas, aunque sin especificar nombres.

En la caravana también se produjeron destrozos a varios vehículos, así como la destrucción de un equipo de música que se encontraba en el camión de campaña.

Jhonny Fernández, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por UCS, indicó que están prestando todo el respaldo legal al denunciante, pero no adelantó los posibles responsables del ataque a su equipo de campaña.

Desde la Policía informaron que hasta el momento no existen aprehendidos, pero que las investigaciones continúan su curso.

La denuncia no quedó ahí. El delegado de UCS ante el TED, Luciano Negrete, aprovechó la reunión convocada por el Órgano Electoral para sentar una denuncia verbal (que es admitida dentro de la normativa electoral), sobre lo acontecido en la caravana de UCS.

“Les dije que me extrañaba de sobremanera que el presidente y el TED no se haya manifestado por el atentado que sufrimos. Les dije que nosotros no estamos involucrando a ningún partido político. Que investigue la Policía”, relató.

El delegado de UCS indicó que con esta denuncia, el TED debe manifestarse porque el hecho es considerado como delito electoral.

Campaña sin violencia

En la reunión, que se realizó en un hotel de la ciudad, se firmó un acuerdo entre los partidos y agrupaciones políticas para que durante esta etapa proselitista no haya hechos de violencia, como los que ocurrieron el domingo entre militantes de UCS y SPT o como los ataques del lunes en el Plan Tres Mil.

El TED cruceño convocó a las organizaciones políticas para firmar un acuerdo no violencia/Foto: Jorge Gutiérrez

Luego de un largo debate, finalmente los delegados ante el TED firmaron el pacto, pero con algunas observaciones. Una de ellas la realizó Negrete, quien considera inadmisible el punto 8 que señala: “Se recomienda que las organizaciones y las candidaturas informen previamente a las autoridades municipales sobre los recorridos de las caminatas y de las caravanas motorizadas para que éstas eviten la superposición de campañas en un mismo espacio y horario”.

“Cómo le vamos a informar a la Alcaldía si es el único municipio donde la alcaldesa es candidata”, argumentó el delegado ucesista.

Desafío

Como respuesta a la agresión recibida el lunes, Jhonny Fernández realizó una caminata ayer, partiendo del segundo anillo y avenida San Aurelio, para luego dirigirse al Obelisco del Plan Tres Mil. En el transcurso de la actividad proselitista no se registró ningún hecho violento. Por la tarde, el candidato continuó con su agenda. La urbanización Cotoca fue el lugar elegido para realizar una caminata, hasta donde llegó con máquinas fumigadoras.

El domingo, simpatizantes de Santa Cruz Para Todos (SPT) y UCS llegaron a los golpes afuera de un canal televisivo donde se desarrolló un debate entre los cinco principales candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Con todo lo acontecido, la candidata a la Alcaldía capitalina por el MAS, Adriana Salvatierra, indicó que la elección no es un intercambio de golpes, sino de ideas.

“No necesita acudir a la violencia quien tiene la certeza que su proyecto cambiará el municipio y la Gobernación”, dijo.

Por su parte, Marcelo Vidaurre, asesor jurídico de C-A, que postula a la comuna a José Gary Áñez, indicó que se firmó el acuerdo, pero que éste nace para que el tribunal “se lave la cara” de lo sucedido.

Contó que en la trifulca del domingo, uno de sus candidatos al Concejo recibió un ladrillazo cuando se armó la gresca entre SPT y UCS. “No tiene mucha trascendencia (el acuerdo), porque no hay ninguna sanción”, explicó Vidaurre.

Delito electoral

De acuerdo a la Ley 026 del Régimen Electoral, en el artículo 238, inciso H, lo sucedido el lunes en el Plan Tres Mil con UCS es considerado una obstaculización de procesos electorales. “La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos años”.