El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó que el juez Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Emilio Pinto, decidió en audiencia declarar incompetente a la Fiscalía en la investigación iniciada en contra de los exmagistrados porque, en su opinión, cometieron las irregularidades denunciadas en el ejercicio de sus funciones.

A partir de esa decisión, la demanda contra los exmagistrados Ruddy Flores, Zenón Bacarreza, Neldy Andrade, Mirtha Camacho, Macario Lahor y Oswaldo Valencia pasó al Legislativo, controlado por el MAS, y que ahora deberá definir si procede o no un juicio de responsabilidades.

Fueron denunciados por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En enero de 2020 la Fiscalía admitió la denuncia bajo el argumento de que al ser exautoridades no pueden ser beneficiadas con la ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.

En noviembre del 2017, se conoció que el TCP avaló la repostulación de Morales amparado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) sobre los derechos políticos. Se explicó que al haberse definido una sola repostulación continua en la Constitución vulneraba el derecho humano al ejercicio del derecho político.

Bajo ese fallo, Morales y el exvicepresidente Álvaro García se presentaron a las elecciones de octubre de 2019. El expresidente se vio obligado a renunciar ante denuncias de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la “sugerencia” militar de dejar el cargo.

Un referéndum había decidió antes rechazar la posibilidad de una nueva candidatura de Morales, que estaba en el poder desde 2006.

Un eventual juicio de responsabilidades deberá definirse en el Legislativo, controlado por el MAS, y por dos tercios de votos.