Medio: El Periódico
Fecha de la publicación: lunes 11 de junio de 2018
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Conflictos limítrofes
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Esta semana se definirán las próximas movilizaciones y acciones de los municipios productores que demandan la modificación de la distribución de regalías. Gareca informó que en una oportunidad escuchó que el actual presidente de la ALDT, Guillermo Vega, había declarado que tiene la predisposición de coordinar una reunión para dialogar sobre la propuesta, por lo que espera que ese encuentro se haga realidad.
Vega explicó que la ALDT está a la espera de una respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que la propuesta del 45 por ciento deberá ser derogada por una instancia nacional para que se determine una postura departamental.
Además, la secretaria de la ALDT, Sara Armella, indicó que para que este proyecto de ley se ponga en funcionamiento se debería abrogar la Ley 3038, Ley de Hidrocarburos, y esa tarea le corresponde a instancias nacionales.
Sin embargo, Gareca argumentó que la Constitución Política del Estado (CPE) determina que la ALDT tiene la competencia exclusiva de decidir mediante una ley departamental qué es lo que se debe hacer con el 11 por ciento que ingresa por las regalías de la producción de hidrocarburos.
Según el informe emitido por la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) el proyecto de ley fue enviando a consulta al Órgano Ejecutivo donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señala que cada Entidad Territorial Autónoma (ETA) goza de autonomía económica-financiera para administrar y decidir el uso de sus recursos, por lo que consideró improcedente el tratamiento del proyecto.
Por consiguiente, el Ministerio de Hidrocarburos puntualizó que no tiene la competencia ni la facultad para definir el mecanismo para la asignación de regalías y que corresponde a cada entidad territorial autónoma.
En otro aspecto, Gareca resaltó que la Ley 3038, tal como lo explica la sentencia 2055/2016, es una norma anticonstitucional porque se creó previamente a la CPE y no existiría a necesidad de abrogar una ley, por lo que la ALDT deberá ser la entidad que se haga cargo del proyecto presentado.
“Es tuición de la Asamblea tratar el proyecto de ley. Lo dice la CPE, la Ley Marco de Autonomías que ellos tienen que tratar el tema de redistribución de regalías, caso contrario sería incumplimiento de deberes”, explicó Gareca.
Caso contrario, se habló de tomar la ALDT, pero por el momento no descartan el acercamiento. Gareca considera que la dirección de Vega podría beneficiar a las negociaciones, “él dijo que quisiera sentarse en una mesa entre todos, llamar a un gran Pacto Fiscal departamental para que todos los tarijeños decidan qué es lo que se hará con el 11 por ciento que llega al departamento. Nosotros aplaudimos su predisposición”.
Conclusiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional
Como se puede verificar en los artículos 300, 341 y 368 de la CPE, y el artículo 104 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la administración de las regalías departamentales corresponde a los Gobiernos Autónomos departamentales, por lo que el nivel central el Estado no puede legislar sobre su distribución. Le corresponde a cada Asamblea Legislativa Departamental analizar la distribución de sus ingresos mediante la normativa que considere pertinente.