El gobierno ha desplegado  una agresiva campaña de imagen con la llegada de las 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que servirán para inmunizar a 10.000 salubristas del país, lo que representa apenas el 5% del sector, que está integrado por aproximadamente 200 mil sanitarios.

La campaña, además de mensajes por medios de comunicación y redes sociales, incluye una gira del presidente Luis Arce por casi todo el país para dar inicio, en persona, a la vacunación en cada una de las regiones. Eso, al margen del gasto para el Estado, implica una complicación logística porque las regiones no pudieron empezar con la inmunización hasta esperar que llegue el primer mandatario.

Pero, lo más cuestionable es que varios candidatos a gobernadores y alcaldes del MAS están haciendo proselitismo con la llegada de la vacuna, ya sea en sus redes sociales o incluso, como es el caso del candidato a gobernador por el MAS en Tarija, Álvaro Ruiz, con su presencia en el acto. 

Por ejemplo, el candidato a gobernador por La Paz, Franklin Flores, difundió mensajes de la vacuna con su sello de campaña en sus redes sociales. Entre tanto, los candidatos a gobernador por Chuquisaca y Oruro hicieron transmisiones en vivo de la vacunación con mensajes proselitistas fijados a pie de pantalla. Lo propio hizo el candidato a alcalde por Sucre. 

Hace poco, la candidata a alcaldesa de Santa Cruz, Adriana Salvatierra, hizo algo parecido cuando asistió a un acto de entrega de pruebas para la detección del coronavirus en su región.

Estos mensajes constituyen violaciones a la ley electoral, que prohíbe el uso de obras o compras estatales en la campaña electoral.

La estrategia en torno a la llegada de las vacunas está, además, sembrada de medias verdades que buscan agrandar algo que, por ahora, es todavía chico. Por ejemplo, Arce, en sus discursos dijo que ahora “el pueblo boliviano puede respirar tranquilo”, que ésta es la solución estructural para la pandemia o que despediremos el coronavirus este 2021 del país.

Al respecto, hay que hacer algunas precisiones. El pueblo boliviano no puede respirar tranquilo solo con 10.000 personas vacunadas, lo hará cuando más de siete millones de ciudadanos estén inmunizados. Ésta no puede ser la solución estructural, al menos no todavía porque la inmunización puede tomar mucho tiempo. Nadie, excepto Arce, se había atrevido a decir que el coronavirus será despachado en 2021, pues todos los cálculos, incluso los más optimistas, hablan de dos o tres años.

En medio de esta campaña, el país recibió dos buenas noticias. La primera, que cerca de un millón de vacunas de la iniciativa Covax llegarán a Bolivia este mes de febrero, la mayor parte del laboratorio AstraZeneca de forma gratuita, y la segunda, que la fase tres de estudios de la vacuna rusa Sputnik V estableció que ésta tiene una efectividad del 92%.  Esto quiere decir que Bolivia tendrá a partir de este mes vacunas confiables para inmunizar a su población de forma masiva.

Pero, incluso la buena noticia de las vacunas de Covax  no podía estar exenta de politización. De inmediato la expresidenta Jeanine Añez se atribuyó el logro, algo que el gobierno de Arce no quiso admitir, y ambas administraciones se enfrascaron en una agria pugna.

Lo cierto es que el gobierno de Añez empezó los trámites para acceder a estas vacunas y que el gobierno de Arce las concluyó, pero eso no debería importarle a nadie, puesto que es obligación de las autoridades gestionar soluciones para el pueblo boliviano, más aún si lo hacen con el dinero de todos.

Es hora de que el gobierno de Arce baje el tono de su campaña de imagen con las vacunas porque, a este paso, el precio de la promoción resultará tan oneroso como la compra de las 20.000 dosis. Por otro lado, los candidatos del MAS deberían ser sancionados por recurrir a una adquisición estatal para pedir el voto. Y, finalmente, la candidata Añez también haría bien en mantener un perfil sobrio frente a la crisis sanitaria, puesto que ella tampoco fue un ejemplo de buena gestión frente a la pandemia.